La Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil escuchó el viernes el testimonio de Marisa Ibáñez, la madre de 24 años que está reclamando la tenencia de su hijo.

«Nos pidió que presentemos un plan de apoyo para que ella pueda criar al niño», explicó, Graciela Fijtman, abogada de la mujer.

El plan «incluye acompañantes y asistentes que estarán junto a ella y el nene, los que deben ser aportados por su obra social y organismos estatales», agregó la defensora, quien dijo que «será evaluada por los jueces».

La joven tuvo  al niño en la Maternidad Sardá, momento en el que intervino de oficio el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 10 con una medida de protección de persona hacia el bebé, que fue alojado en un hogar.

El juzgado, en diciembre último, resolvió la adoptabilidad del niño, medida que fue apelada por la abogada de la mamá, por lo que será la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, quien dirimirá la cuestión.

«Existen prejuicios que están en el inconsciente colectivo acerca de que las personas con discapacidad están limitadas, incluso, para ser madres, pero es el entorno social el que limita», resaltó Fijtman.

Marisa «tiene un grupo familiar que la contiene, tiene al equipo del colegio de formación laboral al que concurre, tiene fortalezas. Parece mentira que tengamos que demostrar que es capaz de ser mamá, con el apoyo estatal adecuado, claro», agregó la abogada.

La mujer visita a su niño «que le dice mamá, se agarra de las piernas de ella porque no quiere que se vaya; le compra ropa, le festejó su cumpleaños. Es muy duro para esa mamá dejar a su niño en ese lugar después de cada visita», compartió la abogada.

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi)acompaña a Marisa porque les preocupa que «el hecho de que una persona tenga una discapacidad, sea tanto física como intelectual, sea asociada instantáneamente con su presunta incapacidad de ejercer la parentalidad», dijo la organización en un comunicado.

Redi recordó que «privar a una persona con discapacidad del derecho a formar una familia o denegarle los apoyos necesarios para el ejercicio de la maternidad, constituye una violación de derechos humanos» como lo es «negarle a un niño el derecho a ser criado por su familia biológica por falta de recursos económicos o físicos».

Al frente de la familia de la joven está su papá, un hombre que «se ocupa, que es humilde, trabajador, que tiene el mismo trabajo hace 30 años y que acompaña a su hija», contó la abogada.