La gobernación de Tierra del Fuego y el gobierno nacional están investigando una maniobra, que podría ser habitual en el sector de la industria pesquera, que consiste en pescar legalmente en las aguas del Mar Argentino y, al mismo tiempo, hacer lo mismo en el espacio marítimo circundante a las Islas Malvinas, que pertenece al país, pero está usurpado desde hace 182 años por Gran Bretaña. La investigación involucra a la empresa Pesantar, que forma parte del grupo japonés Nissui, y que en la Argentina tiene permisos y cuotas para atrapar la codiciada merluza negra. Ayer, en el primer efecto fuerte de la investigación, el gobierno fueguino abrió un sumario sobre el caso y oficializó su decisión de suspender preventivamente el permiso para que Pesantar opere en las aguas que corresponden a la provincia, hasta 12 millas náuticas de la orilla.   La mecánica que está bajo la lupa –y cuya denuncia ya llegó a la subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura, a cargo de Néstor Bustamante– consiste en pescar en aguas nacionales y, al mismo tiempo, a través de una segunda empresa del mismo grupo, la chilena Emdepes, explotar un permiso concedido por la administración británica para operar en las aguas que rodean a Malvinas. En concreto, el gobierno fueguino habría confirmado que el buque «Unidos del Sur» de la empresa Emdepes se encuentra pescando alrededor de las islas tras obtener una licencia expedida por los británicos mientras que otro barco del grupo japonés –este último de Pesantar– pesca en las aguas cercanas a Tierra del Fuego y suele hacer puerto en Ushuaia.   El vínculo societario entre Pesantar y Emdepes ubicaría a la primera empresa en una clara violación de la Ley 24.922, que reglamenta el Régimen Federal de Pesca. El artículo 27 bis de esa ley prescribe que «los armadores o propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad» estarán imposibilitados de operar en aguas nacionales. Esa restricción incluye por supuesto a las pesqueras que operan en la zona de exclusión en torno al archipiélago, creada de facto por la ocupación británica. La denuncia de la actividad de Pesantar y su conexión con Emdepes fue realizada por un ex empleado de la compañía, el mendocino Juan Benegas.   Benegas se desempeñó hasta hace poco tiempo como gerente de operaciones de Pesantar. En los últimos días de diciembre, a partir de un «hecho ocasional», descubrió que la empresa chilena perteneciente al consorcio japonés Nissui estaba pescando en el archipiélago de Malvinas a pesar de la incompatibilidad establecida por la legislación local. «Yo fui el que hizo la denuncia. La ley dice claramente que una empresa o grupo económico que tiene permiso de pesca otorgado por la Argentina, con cuotas para pescar, no puede estar vinculado a ningún grupo económico que pesque sin permiso en las aguas de nuestro país. Pero si vos tenés mucha plata, podés tener una pesquera en la Argentina y, al mismo tiempo, comprar en Chile un permiso británico para pescar en Malvinas. Nissui es un grupo japonés muy importante», planteó ayer Benegas en diálogo con Tiempo Argentino.   Tras comprobar que los barcos del consorcio japonés actuaban en simultáneo con permisos de pesca de la Argentina y de la administración británica en las islas, Benegas denunció la maniobra ante el gobierno fueguino de Fabiana Ríos y ante el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas de la Cancillería, el ex senador Daniel Filmus. También le envió una carta al embajador de Japón en Buenos Aires. «En 2014, Pesantar exportó por 27 millones de dólares. El patrimonio más importante que tiene son los permisos y cuotas de pesca. Y se dedica a la merluza negra, cuya explotación se autoriza a pocas empresas en el país», aseguró Benegas a este diario. Como prueba, el ex empleado de la pesquera mostró a sus interlocutores un mapa satelital de las aguas en torno a Malvinas en el que se ve al buque Unidos del Sur en plena faena.