El dictamen de Unión Polpular que presentó el diputado Víctor De Gennaro vicepresidente de la Comisión de Trabajo y presidente del partido Unidad Popular en el marco de la discusión del Proyecto de ley de régimen de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral enviado por el oficialismo no se corresponde con el oficial.
“No estamos de acuerdo con la baja de la contribución patronal”, sostuvo De Gennaro, quien ubica el núcleo del problema en que “la informalidad es la forma que tienen las grandes empresas de mantener la tasa de ganancia y su rentabilidad. En lugar de concederle beneficios, como propone este proyecto oficial, hay que castigar severamente a las empresas que no registran a los trabajadores o mantienen su precariedad, sacándoles todos los beneficios de créditos, subsidios y todos aquellos que les otorga el Estado. No pueden ser oferentes del Estado.”
Según el diputado: “En nuestro dictamen planteamos la constitución de una Comisión para discutir la finalización de la precarización del trabajo en el Estado, ya que el mayor nivel de precariedad e informalidad laboral está en los Estados nacionales, provinciales y municipales, en los que ni siquiera llegan al salario mínimo, vital y móvil.”
En los fundamentos de su dictamen, UP da cuenta de los numerosos fracasos vinculados a la reducción del costo laboral para blanquear trabajadores. Luego de sostener que el proyecto oficial es contradictorio cuando dice que las pymes y los microestablecimientos no registran a los trabajadores porque tienen problemas de competitividad, UP encuentra la contradicción en el hecho de que lejos de resolver el problema de la competitividad, el proyecto oficial propone abaratar el registro de trabajadores, es decir, legalizan el no registro.
Elementos del dictamen:
– Jerarquizar la tarea de los Inspectores, otorgándoles un reconocimiento pleno a la labor que compete a la inspección del trabajo, evitando que se desnaturalice su misión. Al efecto se hace imprescindible que se establezca un escalafón y categorías profesionales diferenciadas para los que realicen dichas tareas.
– Creación de una Mesa de Trabajo con representantes del Ejecutivo Nacional y de las Organizaciones de Trabajadores con Ámbito en el Estado Nacional, para hacer un seguimiento y regularización, mediante pase a planta permanente, de las contrataciones irregulares del Estado Nacional, invitando a las provincias y municipios a seguir el mismo procedimiento.
– Creación de una Unidad de Fiscalización del Trabajo Irregular con representación de las Centrales Sindicales, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y del Ministerio de Economía y Finanzas públicas de la Nación.
– Asimismo se deberá garantizar en las inspecciones que realice el Ministerio, la presencia como veedores de las organizaciones de los trabajadores correspondientes al ámbito donde se realice la inspección. Si no existiesen delegados de las organizaciones en el lugar de la inspección, el Inspector del Ministerio de Trabajo, en su calidad de funcionario público, dará fe de la designación -a propuesta de los trabajadores-de un representante de los mismos, quien gozara a partir de ese momento de la tutela sindical dispuesta en el Titulo XII de la Ley 23551.
– Asociar el tratamiento diferenciado para PYMES (Ley Marco para PYMES, microestablecimientos y unidades de la economía popular) con la registración laboral. Ello deberá incluir tratamiento diferenciado para las PYMES en las líneas de acceso a créditos, prioridad en las licitaciones públicas, protección frente a las grandes empresas, programas de formación y capacitación profesional, ayuda en materia de sustitución de importaciones, radicación de actividades de Investigación y Desarrollo, modernización de las tecnologías, desarrollo de nuevos proveedores y clientes, entre otros.
