Por Maria Fernanda Wray

Hay un antes y un después de Ayotzinapa en México. Eso lo sabe bien el presidente Enrique Peña Nieto, que ha visto como las protestas han continuado durante doce meses y cómo, no sólo dentro de las fronteras mexicanas sino también en el resto del mundo, ha ido cambiando la imagen de su gobierno: no queda nada de aquel rostro juvenil y sonriente con el que el Presidente aparecía en la portada de la revista Time (bajo el titular “Saving Mexico”).

Hoy, la realidad se muestra muy distinta. “Seremos la piedra en el zapato del gobierno”, prometió María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43, a la salida de una reunión con el presidente, el pasado 24 de septiembre de este año. Y parece que eso es cierto: a donde vaya Peña Nieto, lo persiguen los rostros de los 43 muchachos y los titulares sobre las violaciones de los derechos humanos en México.

Pocas han sido las respuestas. Prácticamente nulas, por parte del gobierno. La Procuraduría General de la República presume que han sido apresadas 111 personas por el caso, pero ninguna ha sido procesada, y los testimonios de los presuntos implicados son contradictorios. La PGR también ha confirmado, en dos ocasiones, la identificación de restos de dos de los estudiantes, aunque luego se supo que las evidencias para afirmar que eran ellos eran muy bajas. La única luz al final del túnel es el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –conocido por sus siglas, GIEI– que fue presentado a inicios de septiembre. El documento derrumbó la “verdad histórica” (llamada así por el gobierno mexicano) que aseguraba que los cuerpos de los normalistas habían sido quemados en Cocula, Guerrero: “no existe ninguna evidencia que apoye esa tesis” concluyó el GIEI, tras hacer una investigación de seis meses con peritos internacionales, entrevistas a testigos, ubicación de escenarios del crimen, revisión de video y fotografías y toda la documentación del caso. Esa afirmación volvió a llenar de fuerza a los padres y madres de los normalistas desaparecidos.

Nuevos interrogantes

El informe del GIEI significa un serio revés para el Gobierno, ya que evidencia la mediocridad de la investigación oficial (en su momento, tildada por el Procurador General de la República como “una de las investigaciones criminales más grandes de la que se tenga memoria”) y muestra la cantidad de contradicciones y errores realizados, no se sabe si a propósito o no, por la PGR.

El GIEI confirmó lo que los familiares de los muchachos y la opinión pública han afirmado desde el principio: sí participaron el Ejército y las fuerzas federales en los hechos del 26 de septiembre. En el informe se revela que fueron nueve ataques a los estudiantes, en distintos momentos entre el 26 y el 27 de septiembre, todos, al parecer, muy bien coordinados por un hombre (no identificado hasta hoy), y se maneja una nueva hipótesis sobre el móvil de los crímenes, relacionado con la toma de autobuses que los estudiantes habían realizado más temprano ese día, para movilizarse a la Ciudad de México y participar en varios actos por el aniversario del 2 de Octubre (la matanza de estudiantes de 1968, en Tlatelolco). Según el grupo de expertos, hay la posibilidad de que uno de estos vehículos –un quinto autobús, desparecido del informe de la PGR pero que el GIEI demostró que sí existió– podría haber llevado un cargamento de droga sin el conocimiento de los estudiantes, y el ataque pudo deberse a que un grupo criminal amparado por las fuerzas gubernamentales, intentó recuperar la carga. Sin embargo, faltan elementos para hacer conclusiones en este sentido y, lo más importante, para hallar el paradero de los normalistas.

“Nuestras vidas han sido destruidas”

El pasado jueves 24 de septiembre, los padres de los 43 muchachos y los familiares de los heridos y de los asesinados, junto con el Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, se presentaron ante el presidente Peña Nieto: “Fueron agentes y autoridades del Estado, Presidente. Fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos”, dijeron, y lo acusaron de haber sido indiferente y no haber honrado su palabra.

A Peña Nieto le plantearon ocho demandas, entre las cuales está que el Gobierno reconozca públicamente la legitimidad de su lucha: “Ya no queremos escucharlo decir que debemos superar este dolor y seguir adelante, como si la verdad hubiese sido esclarecida”, afirmaron. Demandaron que el GIEI continúe su trabajo y que se acepte su informe y recomendaciones; y que se replantee la investigación a partir de la creación de una unidad especializada. Esta unidad debería estar formada por dos instancias: una, que agote todas las hipótesis hasta encontrar dónde están sus hijos, y otra, que investigue el montaje con el que se les pretendió engañar (la famosa “verdad histórica”). Estas instancias trabajarían conjuntamente con los expertos ya involucrados en el caso y con el uso de tecnología de punta. Además, le pidieron respeto a las víctimas, mecanismos de comunicación permanente y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos que vive México. “Nuestras vidas han sido destruidas y sólo nos mantiene de pie el amor por nuestros hijos”, dijeron.

Tras la reunión, el presidente Peña dio instrucciones para crear una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, pero hasta ahora no hay una respuesta oficial a las demandas específicas que hicieron los padres.

Las dudas y suspicacias sobre la buena fe y el real interés del Gobierno en torno al esclarecimiento del lo que sucedió con los normalistas persisten: ¿Por qué la PGR ha llevado una investigación tan torpe en este caso?, ¿por qué su necedad en seguir afirmando que los normalistas fueron quemados en Cocula, a pesar de que no tiene una sola evidencia física para probarlo?, ¿por qué se sigue protegiendo al Ejército y evitando que los investigadores puedan acceder a sus instalaciones y sus documentos?, ¿por qué se sigue ocultando la existencia de un quinto autobús?Son sólo algunas interrogantes válidos, a un año de Ayotzinapa, a un año de esperar y gritar que se haga justicia.

*Comunicóloga, especializada en diseño de contenidos estratégicos para internet, redes sociales y publicaciones impresas.

Fuente: Resumen del Sur