El ánimo de lucro que pone de relieve el paradigma neoliberal es una de las mayores fuentes tanto de la degradación ambiental como de la creciente desigualdad económica, que se ha traducido en que los 200 individuos más ricos tengan más riqueza que los 3,5 mil millones más pobres. Solamente esa última estadística debería consignar la «teoría del goteo» del neoliberalismo al basurero de la historia. Su otro gran principio, el crecimiento infinito, puede ser refutado con el simple hecho de sentido común de que vivimos en un planeta finito con recursos cada vez más escasos. Para hacer frente a los problemas de la sostenibilidad y la desigualdad, lo que se requiere no es simplemente innovaciones materiales, sino un cambio completo de paradigma.
América del Sur, tan rapazmente devastada por las restricciones del neoliberalismo, está a la vanguardia de este cambio. Al comienzo del nuevo milenio en Bolivia, una ola de protestas populares dirigidas por grupos democráticos locales expulsaron con éxito a empresas de agua extranjeras. Los manifestantes protestaban contra una típica política de ajuste estructural neoliberal, en la que instituciones como el Banco Mundial y el FMI presionan a los países en desarrollo para que vendan sus activos a la inversión extranjera a precios muy rebajados. En este caso fue el suministro de agua, que rápidamente llegó a ser tan prohibitivamente caro que los sectores más pobres de la sociedad boliviana no podían acceder a él. Resultó ser el catalizador para la carrera política de Evo Morales, que culminó con su histórica elección como presidente en 2006, convirtiéndose en el primer presidente indígena elegido democráticamente en América Latina
desde 1858.
Desde que llegó al poder, Morales ha logrado la hazaña envidiable de reducir la desigualdad logrando al mismo tiempo el crecimiento económico: la tasa de pobreza de Bolivia se redujo en un 26% entre 2005 y 2011. Sin embargo, el crecimiento ha sido de un promedio de más del 4% al año desde 2007. Mientras que esto ha estado lejos de ser una revolución verde, ya que el crecimiento y la redistribución de los ingresos dependen en gran medida de la extracción de los recursos naturales bolivianos, la visión a largo plazo de Morales se centra alrededor de la noción de Suma Qamaña, o «vivir bien».
Este concepto no es sólo acerca de la prosperidad material, sino que abarca el equilibrio entre las personas y la naturaleza, un bienestar holístico: vivir bien, pero no a expensas de los demás o del medio ambiente. Está consagrado en la nueva Constitución boliviana y se encuentra en oposición directa con el concepto neoliberal de progreso, que equivale a la explotación sin trabas de las poblaciones y los recursos para el bien de una elite transnacional. Como Morales dice: «Nosotros no creemos en la concepción lineal y acumulativa del progreso y de un desarrollo ilimitado a costa de otras personas y de la naturaleza. Vivir bien es pensar no sólo en términos del ingreso per cápita, sino de la identidad cultural, la comunidad, la armonía entre nosotros y con la Madre Tierra». Es central en la estrategia el empoderamiento de la subyugada mayoría indígena mediante la diseminación del excedente económico resultante de la nacionalización del
34% de la economía.
Como parte del Suma Qamaña, Bolivia tomó la medida sin precedentes de reconocer al medio ambiente como un actor legal. La Ley de la Madre Tierra otorga a la Madre Tierra y a sus sistemas de vida constituyentes, incluyendo las comunidades humanas, derechos específicos, entre ellos: el derecho a la vida; la protección contra la alteración genética; el derecho al aire limpio y al agua; el derecho de equilibrio (continuación de los ciclos y procesos vitales); el derecho a la restauración de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas; y la protección contra la polución y la contaminación. Esto está en marcado contraste con las leyes de la mayoría de los países, donde la naturaleza y el medio ambiente gozan de muy poca protección legal contra los apetitos insaciables de las empresas contaminantes.
Sabiendo mejor que nadie los efectos devastadores que cambio climático puede tener, Bolivia no se contenta con sacar unas cuantas leyes nacionales. Morales ha sido un abierto crítico de las emisiones de las naciones más ricas, llamando a los recortes del 50% nada menos que una miseria ofrecida por los peores delincuentes.
Mientras Suma Qamaña y la Ley de la Madre Tierra están muy influenciados por la visión espiritual del mundo andino en torno a la deidad de la tierra, la Pachamama, sus principios aún parecen eminentemente exportables. Uno no tiene que creer en una deidad para apreciar la naturaleza y el medio ambiente, y amparar su protección en los sistemas políticos y legales tiene sentido intrínseco, tanto desde el punto de vista de la supervivencia como de la sostenibilidad. Pero no es tan simple como que otros países simplemente emulen una única ley, si queremos lograr el cambio de paradigma que necesitamos en general también debemos prestar atención a cómo Bolivia llegó a este punto: mediante una verdadera democratización, dirigida por la población indígena subyugada, con una participación significativa de la mayoría, que es consciente de los problemas y de hecho forma la agenda política; en lugar de sólo llenar una casilla en la jornada electoral y retirarse luego por cinco años.
Tal vez es un vestigio de la carga del hombre blanco que nuestros dirigentes detesten seguir el ejemplo de los pueblos indígenas de un país «subdesarrollado», o tal vez tiene algo que ver con todos los intereses empresariales que incestuosamente intervienen nuestros procesos democráticos. De cualquier manera, parece que es ahora el peso de los pueblos indígenas el que nos puede hacer ver que otra manera más sostenible e igualitaria es posible.
Fuente: Red Pepper, Reino Unido
