Por Waldo Cebrero

Casi 20 años después, los vecinos de la localidad cordobesa de Río Tercero comenzarán a saber hoy por qué la mañana de 3 de noviembre de 1995 su ciudad fue literalmente bombardeada. Ese día siete personas murieron y unas 300 resultaron heridas tras ser alcanzadas por la onda expansiva de las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar, que destrozó gran parte de la ciudad. A partir de hoy, cuatro ex jefes de la Fábrica Militar de Río Tercero comenzaran a ser juzgados por el Tribunal Oral 2 (TOF) de Córdoba, acusados de estragos dolosos. La principal hipótesis que surge de la elevación a juicio es que los estallidos fueron programados e intencionales, como parte de una maniobra de ocultamiento del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, uno de los mayores escándalos del gobierno menemista.

La abogada Ana “Coca” Gritti, esposa de una de las víctimas, fue la única querellante penal de la causa, que hasta el año 2003 se investigó bajó la hipótesis de un simple accidente. Gracias a su insistencia, el expediente viró hacia la tesis de que el atentado se produjo para “ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos” que rondaría –según las pericias materiales y contables– entre 58 mil y 72 mil piezas de artillería. “Coca” murió en 2011, pero sus hijas Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti, continuaron con la querella.

El padre de ambas, Hober Dalmasso, enseñaba Química en la escuela industrial de barrio General Savio, cercano a la fábrica, cuando todo empezó a volar por el aire aquella mañana. Junto a otros docentes ayudó a evacuar a los alumnos y luego subió a su auto para ir con su familia. Pero otra explosión le provocó un infarto. Tenía 55 años. “Por la memoria de Hober y del resto de las víctimas, venimos a buscar la verdad y la justicia”, dijo Ahuka Barbero, el abogado que junto a Horacio Viqueira representan la querella.

Hace 19 años Barbero vivía con su familia en el centro de la ciudad, a un kilómetro y medio de la fábrica. Minutos después de las 9 de la mañana del 3 de noviembre de 1995, sintió que estallaron los vidrios de su casa. Pudo ver el hongo de humo cuando se repuso del primer sacudón. Junto a su familia y a sus padres escapó para ponerse a salvo, hasta llegar a Villa Ascasubi, un pueblo a 20 kilómetros de allí. La mayoría e los 46 mil habitantes de Río Tercero se evacuaron de igual modo. Otros, como Mario Solleveld, de 32 años, que fue alcanzada por una esquirla y perdió la vida, quedaron a mitad de sus rutinas.

“El incendio inicial fue provocado»

Según consta en el expediente, el supuesto atentado comenzó a gestarse a las 8.55 con un incendio en un bidón con trotyl, en la Planta de Cargas, un galón abierto, con techo de chapa y piso de cemento, donde además había proyectiles. Los operarios huyeron justo antes de que se produjeran dos explosiones. Doce minutos después, otros 18 estallidos volaron los depósitos de Expedición y Suministros que. Según determinaron los peritos oficiales, estas voladuras habrían sido independientes de las primeras. “El incendio inicial fue provocado, no es factible que se haya producido sin un producto químico combustible que estimulara su encendido en el interior de los tambores”, explicó Horacio Viqueira.

“Los peritos cree que hubo detonadores, porque en el piso quedaron dos cráteres bien definidos y cercanos cinco metros uno de otro, lo que indica que hubo dos explosiones simultáneas”, agregó. Los especialistas sospechan que pudo fue planeado para direccionar la onda expansiva hacia la ciudad, evitando asa alcanzar el centro petroquímico que estaba del otro lado de la fábrica.

La causa fue instruida y elevada a juicio por el fiscal Carlos Gonella, actual titular de la Procuvin. En un principio, los imputados eran seis, pero dos fallecieron antes de llegar a juicio. Los acusados como “autores mediatos” (la misma figura utilizada en los juicios de lesa humanidad) son Carlos Jorge Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino, Marcelo Diego Gatto y Edberto Gonzalez de la Vega.

Según los autos de elevación, “los hechos se produjeron como consecuencia de una decisión tomada en las más altas esferas del poder político de entonces”. Sin embargo la investigación no pudo profundizar hacia la cadena de decisiones por encima de la Fábrica Militar de Río Tercero y el ex presidente Carlos Menen evitó el juicio por falta de merito.

Contrabando de armas

Menem fue condenado en 2013 por Casación a siete años por el contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador, luego de haber sido absuelto en el juicio oral. Por el juicio que hoy empieza en el TOF 2 de Córdoba, desfilaran unos 40 testigos y se leerán 220 informes técnicos elaborados por diferentes dependencias que intervinieron en distintas etapas de la investigación. Las alusiones al juicio por el tráfico de armas serán permanentes, según la querella. Entre los testigos declarará, por ejemplo, Luis Lagos, un ex armero de la fábrica que contó durante la instrucción que fue enviado a Croacia bajo la misión de armar y poner a punto un envió de armamento de Río tercero, que había sido despachado con las piezas desarmadas.

Se calcula que entre 1991 y 1995, por la FMRT pasó el 90 por ciento del contrabando de armas y se exportó (en blanco y en negro) más de 100 millones de dólares.

“En los hechos, la fabrica no fabricaba. Estaba en crisis. Lo que hacía era truchar artillería. Pintaban cañones, borrar escudos de proyectiles, maquillar armamento, etcétera. Todas esas eran armas que mandaban por izquierda a Ecuador y Croacia, porque por otro lado argentina era garante de paz de ambos conflictos”, explicó Barcero. “Nosotros, los riotercerences, no teníamos la menor idea de eso, hasta que explotó todo”, agregó.

El TOF 2 estará integrado por los vocales Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón. Representando al Ministerio Publico Fiscal actuará el fiscal General, Alberto Losada. La fiscalía y los querellantes sostuvieron en sus acusaciones que la voladura de la fábrica de Río Tercero fue un ardid para encubrir el faltante de armamento que habían vendido a esos países.

Fuente: Infojus Noticias