Expresar en la nota periodística, que “las transferencias a las Comunas terminarán en 2013” y que “El Gobierno de la Ciudad cumplió con lo establecido por la ley y presentó en la Legislatura de la Ciudad el plan de transferencia de competencias a las Comunas”, me obliga aclarar que el Ejecutivo porteño, adalid del incumplimiento constitucional, está llevando a cabo lo expuesto por Eduardo Macchiavelli, en la reunión del 26 de septiembre de 2011, en el seno de la Comisión Tripartita, donde argumentó que el Ejecutivo porteño, por el sólo hecho de haber logrado más del 60 % de los votos estaba habilitado para imponer y modificar la Ley 1777 a su antojo. Me pregunto si esto sería estar en condiciones para estar “autorizados” a modificar cualquier ley que se les ocurra; por ejemplo la ley de Salud que no se efectiviza por presunto incumplimiento del Ministerio correspondiente y así con otras leyes vigentes, lo que constituye una flagrante violación del Estado de Derecho. Es el mismo Eduardo Macchiavelli que en otra nota anterior afirmaba que, “Hay que reformar la Ley de Comunas”, o que el pasaje será “gradual” y no total a partir del diez de diciembre, fecha en que asumirán las Juntas Comunales. Lo que deja en evidencia, la irreductible postura autoritaria del Ejecutivo porteño para coartar el derecho a la participación no partidaria, que garantiza la constitución de la CABA, que posee “incuestionablemente” para la ciudadanía porteña, el derecho a la autodeterminación de los Consejos Consultivos y la determinación como órgano de control de la gestión de las Juntas Comunales, según lo expresa el Título IV Articulo 34 de la Ley 1777) Por otra parte, cuando Eduardo Macchiavelli expresa que: El objetivo de esta postura es que las tareas que deberán asumir las Comunas se sigan realizando eficaz y eficientemente, y que el traspaso no perjudique la gestión, pareciera que tendría por finalidad eludir el control sobre las Obras públicas bajo la lupa, con sus diferencias de precios en la construcción de plazoletas, entre otras, y que derivó en la intervención de la Defensoría del Pueblo porteño, con un pedido de informes que en su respuesta, Gladys Esther González (hoy diputada nacional) adjuntaba hasta un plano de la obra, que resultó tenía las medidas mal hechas para hacerla parecer más grande Quizás por eso su sucesor en el cargo, Eduardo Alberto Macchiavelli, sigue haciendo el mismo tipo de obra, también en plazoletas triangulares, con precios cada vez más abultados; donde las abiertas protestas de los vecinos, que hasta formaron una ONG para frenar los trabajos, o las críticas en los medios afectaron a Macchiavelli, que ya tenía en preparación una obra mayor que lo llevaría a nuevas alturas presupuestarias. Éste Ejecutivo porteño, que no cumple con sus funciones alterando y oponiéndose al seguimiento y control de la transición a la descentralización, no cesa en su empeño de cercenar el ejercicio del derecho de la ciudadanía. El Tribunal Superior de Justicia, posee antecedentes de éste accionar irregular del Ejecutivo porteño y debería intervenir para poner fin a la sistemática violación de las obligaciones que le caben al mismo. Los integrantes de la CPPP (Corporación Política en el Poder Publico) pretenden tomar por tontos a quienes tenemos perfectamente claro, como garantiza el Titulo Sexto de la Constitución Porteña (Ley de Comunas), que a partir del próximo 10 de diciembre el Ejecutivo de la CABA queda sin competencias directas y que según la Ley“en caso de duda en cuanto a la extensión y alcance de las competencias exclusivas y concurrentes, las mismas deben ser interpretadas a favor de las Comunas” por cuanto, “El Poder Ejecutivo no puede ejercer las funciones derivadas de las competencias exclusivas de las Comunas”.