«Se perpetraron 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans de las cuales 270 son femicidios directos, femicidios vinculados y trans- travesticidios», informó Mumalá en un comunicado.
Según estas cifras, que Mumalá elabora a partir de lo publicado en medios gráficos y digitales, hubo un femicidio cada 32 horas en el país durante el años pasado.
Aclara que 34 muertes violentas de mujeres están en investigación y que 25 son en el contexto de violencia urbana asociadas al género, 90% de las cuales asociadas al narcotráfico.
Asimismo, hubo 278 intentos de femicidios y 300 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.
De los 270 femicidios, agrega el informe, 230 fueron directos, 15 vinculados de niñas/mujeres, 17 vinculados de niños y varones,
6 trans/travesticidios y 2 lesbicidios
En el contexto de la pandemia de coronavirus hubo 230 femicidios, añade el estudio.
Según el Registro Nacional de Femicidios 2020 de Mumalá, en el 40 % de los casos víctima y victimario convivían, el 13% de las víctimas estuvo desaparecida, el 7% fue abusada sexualmente y el 4% ejercía la prostitución.
Además, el 8% de las mujeres era migrante de otro país y el 4% de otra provincia.
En cuanto al vínculo con el agresor, el 40% de los femicidios fue consumado por la pareja, el 19% por la ex pareja, el 15% por un familiar, el 14% por conocidos y el 6% por desconocidos, mientras que no se registran datos del 6% restante.
El 20% de los femicidios registrados por Mumalá en 2020 se cometió con arma de puño, el 27% con arma blanca, el 16% por asfixia, el 21% a golpes y el 4% con otras modalidades.
En cuanto a la edad, el 49% de las víctimas de femicidio tenía entre 19 y 40 años; el 24% de 41 a 60, el 11% más de 60, el 8% de 0 a 12 años y el 3% de 13 a 15,
La tasa nacional de femicidios es de 1,1 c/ 100.000 mujeres y las provincias con las tasas más altas son: Jujuy, Tucumán, Salta Chaco y Corrientes, añade el comunicado del Observatorio, agrega el estudio.
Según Mumalá, es «urgente declarar la #EmergenciaNiUnaMenos; la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diverse-disidente».
Asimismo, la organización exige «al Estado Nacional presupuesto acorde para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+».
Finalmente, reclama «la implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans, que siguen con demoras burocráticas y clientelares (Programa Potenciar Trabajo, Programa Acompañar)».