Opinión

La comunidad travesti en Buenos Aires

En esta nota, la integrante del Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) en el Gino Germani-UBA, realiza un primer informe sobre la comunidad travesti en Buenos Aires.

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Por Mabel Bellucci

A Diana Sacayán, activista trans recientemente asesinada

Hacia inicios de los años 90, aún la comunidad travesti no estaba organizada como tal, aunque habían emergido referencialidades de notable presencia pública y representatividad. En 1991, dio la cara Transexuales por el Derecho a la Vida y la Identidad (TRANSDEVI) con Karina Urbina. Luego, en mayo de 1993, surgió Travestis Unidas (TU) de la mano de Kenny de Michelis y tres amigas. En junio hizo su debut la Asociación de Travestis Argentinas (ATA) con Belén Correa. Estaba integrada por quince compañeras reunidas para denunciar el maltrato policial e institucional y contó con el apoyo de Gays por los Derechos Civiles, colectivo liderado por Carlos Jáuregui. A fines de 1994, nació como respuesta al constante asedio y violencia de la policía la Asociación de Meretrices de Argentina (AMAR). Después este grupo se sumó a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), lo que hizo posible abandonar la auto-marginación, al reconocerse como trabajadoras.

Al tiempo, diferentes posturas en torno a la prostitución provocaron rápidamente la escisión en el interior de ATA, dando surgimiento a otras dos entidades: la Organización de Travestis y Transexuales de Argentina (OTTRA), fundada por Nadia Echazú, y la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (ALITT), presidida por Lohana Berkins.

Mientras tanto, se presentaron hechos significativos que irían preparando el terreno. En 1995 se llevó a cabo el encuentro en el bar Tasmania que consistía en cinco reuniones para el diseño de estrategias y de una agenda en común entre grupos de afinidades. Y se hizo: uno para gays, otro para lesbianas, otro para travestis, otro para transexuales. El último taller fue el de travestis, integrado por Lohana Berkins, Patricia Gauna, Belén Correa, Nadia Echazú, Karina Urbina que con sus relatos, movilizaron a los presentes. De esas reuniones, surgió la necesidad de realizar, un año más tarde, en Rosario, el Primer Encuentro Nacional Lésbico, Gay, Travesti, Transexual, Transgénero (LGTTT). Ya para ese entonces, las travestis estaban incorporadas al espacio de las disidencias sexuales desde los inicios de las marchas del Orgullo y con las reuniones abiertas de gays y lesbianas.

El movimiento, con sus más y sus menos, tenía la firme decisión política de articular en dirección a un espectro más amplio y ensanchar sus márgenes con los sucesivos eventos, mientras que las marchas tomaban un rumbo de mixtura y masividad.

A decir verdad, las travestis traían consigo una fuerza arrolladora en su lucha organizada. Por un lado, en torno a la despenalización de la prostitución callejera. Por el otro, a la derogación de la ley de averiguación de antecedentes y a los edictos policiales. Ambos procedimientos se utilizaban para reprimir y encarcelar, así como representaban fuentes de corrupción y arbitrariedad policial. Este colectivo encarnaba un punto de quiebre en el arco iris de las minorías de entonces. No solo fue otra identidad por fuera del mundo binario sexo/género, sino que además emergían nuevos ejes, como el corte etáreo, la etnia y el carácter plebeyo de sus presencias. De alguna manera, eran las “piqueteras” de este nuevo movimiento en alza que dejaba atrás el viejo concepto de minorías sexuales. Por ello, se incorporaron al mismo con la confianza de que contaban con ciertos avales.

En 1996, la Comisión de Derechos y Garantías de la Convención Estatuyente aprobó el proyecto de ley, presentado por Carlos Jáuregui y Marcelo Feldman, que incluía la orientación sexual y la identidad de género como causal antidiscriminatoria y el derecho a ser diferente en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ley nacional 23.592. En consecuencia, se ingresaron las demandas LGBT, y las propias organizaciones operaron como interlocutoras políticas en los espacios institucionales de la ciudad.

Un año más tarde, surgió el Área de Estudios Queer (AEQ), que funcionó en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Fue un centro experimental de acuerdos en términos de lucha hegemónica y de antagonismos. Esta área se proponía abrir una esfera de intercambio y debate acerca de la relación entre cultura y conflictos sociales, para debatir cómo la profundización de las desigualdades se articula con las diferencias de edad, género, raza, orientación sexual e identidad genérica. Desde su fundación, organizaba reuniones semanales, cada vez más numerosas, en las cuales cada una de las presentes planteaba sus necesidades y se implementaba una política conjunta para hacer frente a las agresiones y detenciones policiales específicamente. Ese proceso implicaba la concientización de las integrantes del grupo, en especial de las travestis, la necesidad de denunciar cada una de las violaciones a sus derechos.

De inmediato, aparecieron crónicas periodísticas en la prensa gráfica de Buenos Aires alrededor de las luchas de la comunidad travesti. También artículos académicos, tal como el de la antropóloga Victoria Barreda con su trabajo, en 1995, ”Cuerpo y género trasvestidos”, presentado en el V Congreso de Antropología Social de la Universidad Nacional del Centro. Sin olvidar una tesis de licenciatura en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA de la antropóloga Ana Álvarez, en 1998, “El sexo de la ciudadanía”. En tanto que otra antropóloga, Josefina Fernández, iniciaba una investigación sobre las prácticas y representaciones de género asumida por las travestis.

Al establecerse la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, los edictos caducaron y, en marzo de 1998, se sancionó el código de convivencia urbana con el que se desterraron las figuras de prostitución, ‘llevar prendas del sexo contrario’ y la vagancia. Asimismo, cesaron las detenciones preventivas en materia contravencional comprendidas en los viejos edictos policiales. Frente a este contexto histórico, el accionar de la comunidad travesti simbolizó el riñón de la resistencia, y constituyó una agenda propia de demanda de derechos que estaba por fuera de la represión. En efecto, hicieron uso de esta coyuntura para acumular experiencias y fuerzas, acompañadas por grupos feministas, de derechos humanos, gays y lesbianas.

De todo este conglomerado de voluntades activistas y teóricas resultó el “Informe preliminar sobre la situación de las travestis en la Ciudad de Buenos Aires”, en 1999, llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires junto con la agrupación ALITT, siendo Lohana Berkins la promotora y quien dio forma a este proyecto. Esta agrupación fue la más activa en promover la ciudadanía travesti. En efecto, esta referente tan destacada del movimiento participó en los diferentes frentes políticos de la comunidad LGTTT, así como su actividad académica en la UBA, en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, y además en el Área de Estudios Queer. Por otra parte, Lohana aportó su valiosa experiencia como activista en organizaciones de defensa de los derechos de las minorías sexuales. Para ese mismo año, hizo su entrada de gala a las filas feministas de Buenos Aires, apenas finalizó el VIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe llevado a cabo en Santo Domingo. Carlos Grela, de la Dirección de Participación y Control Ciudadano, elaboró una versión preliminar del cuestionario.

Vidas Precarias

Esa fue una intervención política desde la Defensoría del Pueblo donde Diana Maffía, política y filósofa, era Defensora Adjunta en derechos humanos y equidad de género. La Adjuntía en Derechos Humanos desarrolló diferentes gestiones, fundamentalmente intervenciones en situaciones de abuso policial y en el ámbito de las instituciones – dos nudos institucionales conflictivos para la comunidad travesti – intentando generar una red de confiabilidad entre la Defensoría y las organizaciones de travestis. Hasta que la historia no diga lo contrario, esta fue la primera investigación cuantitativa sobre travestis que se llevó a cabo en esos momentos, demostrando las desventajas sistemáticas que impactan negativamente en sus condiciones de vida.

Las entrevistas fueron diseñadas para que las propias travestis recolectaran los datos mediante un intenso entrenamiento y luego, cuando estuvieron listas, las encuestas contribuyeron también en esa dirección. Para el diseño, participaron dos investigadoras feministas de larga trayectoria: Patricia Gómez y Aluminé Moreno. En cuanto al procesamiento del informe final, fue efectuado por esta última junto con Mercedes Boschi, bajo la dirección de Diana Maffía.

Este estudio exploratorio se realizó entre abril y mayo de 1999 sobre una muestra de 147 encuestadas, que fueron seleccionadas por su condición de travestis. Más de la mitad de ellas tenían entre 19 y 29 años, mientras que el 19% se concentró en la franja etaria de los 30 a 34 años, y el 12% en la de 35 a 45 años.

En tanto, los datos fueron relevados a través de un cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas y cerradas. Frente a la falta de información estadística previa, se presentaron ciertas dificultades a la hora de construir un modelo representativo. A pesar de estas limitaciones, el logro resultó sumamente útil para la elaboración de este estudio descriptivo de una población que no había sido abordada con anterioridad.

En relación al nivel educativo, la secundaria incompleta era el máximo grado que poseía el 50% de ellas. En cambio, las que finalizaron estaban alrededor de 13%, y aquellas que terminaron la primaria era 19%. Pese a que un número considerable presentó deseos de continuar sus estudios, uno de los impedimentos se vinculaba principalmente con el miedo a ser discriminadas (35%) y a la imposibilidad de recursos económicos (23%).

Otro dato significativo a señalar es que la primordial fuente de ingresos provenía de la prostitución (80%). Esta cifra habría aumentado si se incorporaba el 9% que encubría su actividad bajo el eufemismo de “trabajo en la calle”. En cuanto a su autopercepción genérica, el 54% se asumió como travesti, el 13% como transexual y el 12% como mujer. De igual forma, se identificaron como “transexual no operada”, “transformista” y “mujer diferente”. Además, respondieron acerca de la edad en que empezaron a identificarse como travestis. La mitad manifestó haberlo hecho entre los 13 y los 18 años y alrededor de un tercio antes de los 12 años. Con respecto a su nacionalidad: el 90% eran argentinas; el 41% procedía de la región noroeste del país, el 38% eran originarias de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. A la vez, el 60% residían en los barrios del sur de la Capital Federal, en especial, Constitución. La segunda zona de paradero era la Norte, con el 23%. Mientras que Palermo representaba el barrio donde se concentraba la mayoría de las travestis. Asimismo, se indagó respecto del tipo de vivienda que habitaban. El 37% se alojaba en hoteles, el 34% en departamentos y/o casas alquiladas, y el 16% eran propietarias de su propia vivienda. Con el fin de lograr una descripción más precisa respecto de la situación socioambiental, se indagó con quiénes residían. Un tercio de ellas vivían solas y otro 31% con amigas/amigos. Asimismo, un 20% con su pareja y un 16% con familiares.

En cuanto a su percepción respecto de los motivos por los cuales eran objeto de discriminación, entendían que se las discriminaba principalmente por su condición de travestis (28% ), por ser diferentes (18%), por considerarlas homosexuales (13%), “por no ser mujer”, “por ser pobre”, “por el color de la piel”, “porque la sociedad no nos comprende”, entre otras tantas variables.

Uno de los objetivos de esta investigación consistió en indagar cómo esta comunidad percibía la violencia. En tal sentido se les pidió a las entrevistadas que la definieran en sus propias palabras. Ninguna dio una explicación conceptual sino que enumeraron algunas acciones o conductas a través de las cuales ellas visualizan a la violencia atravesada. El maltrato físico y psíquico aparecía como el principal acto de intimidación (31%), seguido por el abuso policial (11%). A continuación, se les preguntó qué actos violentos sufrieron alguna vez. La mitad de ellas sostuvo haber soportado agresiones verbales o psíquicas, y un tercio provocaciones de tipo sexual. Entre aquellas que mencionaron más de un acto violento, las agresiones verbales o psíquicas y las físicas aparecían como las principales. Finalmente, solo la mitad mencionó las provocaciones verbales o psíquicas como una tercera acción violenta. Asimismo, se les preguntó en qué ámbitos padecieron dichos actos. En este sentido, el 60% mencionó las comisarías/cárceles y la vía pública como los principales espacios, incluida la esfera familiar (11%). Teniendo en cuenta el nivel de violencia y abusos policiales contra las travestis se destacaban las detenciones ilegales (77%) y las agresiones físicas (75%). Cabe señalar que un alto porcentaje aludió además las exigencias de «coimas» por parte de las fuerzas como uno de los abusos a los que estaban sometidas en su cotidiano.

En palabras de Diana Maffía, “el Informe lo elaboramos porque, cuando se prohibió la oferta y demanda de sexo, pregunté a la Legislatura cuántas mujeres y travestis serían afectadas, y no sabían. Legislar sin saber a quiénes afectás, y sin pensar políticas alternativas para proteger a esa población vulnerabilizada es cruel, y lo estaban haciendo”.

Lo que más conmovió de los resultados que surgieron del informe fue que el primer derecho reclamado por el 70% de las entrevistadas consistía en volver a estudiar. A partir de ello, se desarrolló un programa de inserción escolar para travestis. Y otro dato que se tuvo en cuenta radicaba en que la mayor violencia para ellas era ser llamadas por un nombre que no correspondía a su identidad. Frente a esta realidad, en 2008, Diana Maffía, como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un proyecto de su autoría para que en todas las gestiones en el ámbito público de esta ciudad, se llame a las travestis y transexuales con el nombre que se corresponde con su identidad de género a su requerimiento, distinto al consignado en el documento de identidad, para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión administrativa en la Legislatura y en la Jefatura de Gobierno. De esta manera, se respetaba el derecho a la igualdad de trato y a ser diferente, consagrado por la Constitución local. Con todos estos argumentos, se sancionó la Ley 3062, “Respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales”, aprobada por la Legislatura porteña en 2009.

*Activista feminista queer. Integrante del Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) en el Gino Germani-UBA. Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Autora Historia de una desobediencia. Aborto y Feminismo. Agradezco los aportes de Diana Maffía y Malú Moreno.