Desde que Dilma Rousseff ganó las elecciones en Brasil, su segundo mandato estuvo atravesado por una importante cantidad de complicaciones. Crisis internacional, funcionarios involucrados en escándalos de corrupción, traición de aliados políticos, recesión, ajuste y una derecha que se moviliza para forzar un juicio político que interrumpa el período de gobierno. Resumen del Sur dialogó con Igor Fuse, importante académico brasilero, periodista, Máster en Relaciones Internacionales y docente de la Universidad Federal ABD de Santo André. Fuser analizó la compleja situación del gobierno y consideró que “la derecha no tolera cuatro años más de gobierno de Dilma”.

Escándalos de corrupción, crisis económica, intentos de juicio político, movilizaciones callejeras. ¿Por dónde se arranca para analizar la actual situación de Brasil?

Hay que separar las cosas. Por un lado, hay una investigación importante que demuestra la relación promiscua entre políticos y empresarios que forma parte de una manera de hacer política en Brasil de hace muchos años. El tema es que las investigaciones que está llevando a cabo el poder judicial están siendo manipuladas políticamente para perjudicar al Partido de los Trabajadores y al gobierno de Dilma Rousseff. Los medios de comunicación pusieron en su tapa la detención de José Dirceu, ex Jefe de Gabinete y uno de los hombres de confianza de Lula. Lo que no se dice es que ya estaba en prisión domiciliaria y ahora fue llevado a la cárcel sin ninguna prueba ni hecho nuevo que haya surgido de la investigación, lo cual es rarísimo. Es una clara maniobra de carácter política para perjudicar al gobierno. Las noticias que difunden los medios sobre el proceso judicial se hace de manera selectiva para tener al PT involucrado en causas de corrupción, mientras que toda la información que muestra a representantes de la derecha es silenciada.

¿Hay muchos opositores implicados en el Lava Jato?

Hay implicados pero no detenidos. Todavía no hay condenados, hasta ahora son todas denuncias de corrupción relativa porque en la justicia brasilera existe un mecanismo que se llama “delación premiada” en donde el acusado va a la cárcel, lo ponen en condiciones pésimas, sin respeto a los derechos humanos durante días, semanas o meses hasta que llega a un acuerdo con los jueces y los policías para denunciar a otras personas a cambio de mejores condiciones, libertad o una rebaja en la pena en caso de ser condenado. Por eso, este tipo denuncia tiene un valor relativo desde el punto de vista jurídico. Hay políticos de la derecha, como el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, que está involucrado pero la justicia no lo detiene, con el no pasa nada, no hay titulares en los diarios ni mensajes en los canales de televisión. Parece que lo único malo en la política de Brasil fuera solo el PT. Los medios y el poder judicial se mueven en ese sentido para derrumbar a la presidente e impedir que Ignacio Lula Da Silva se presente como candidato a la presidencia en el 2018, saben que si presenta es muy difícil que no gane. Esos son los claros objetivos, hasta un niño lo puede ver.

Inmediatamente después de ganar en segunda Vuelta, Dilma Rousseff desigó a Joaquim Levy como Ministro de Economía, un hombre de los bancos y poder económico ¿Por qué la presidente toma esa decisión? ¿Buscó calmar a los mercados? ¿Corren riesgos los logros sociales de estos años del gobierno del PT?

Para entender esto hay que poner las cosas en perspectiva. Las elecciones del año pasado en la práctica no terminaron en la segunda vuelta cuando Dilma derrotó a Aeccio Neves. Hubo una tercera vuelta al día siguiente con una fuerte ofensiva de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones económicas y de la oposición política que dejó a la presidenta absolutamente arrinconada. Fueron semanas de bombardeo diario, amenazaron con impugnar la elección y aparecieron escándalos de corrupción potenciados y manipulados por los grandes medios. Esto, sumado a una correlación de fuerzas desfavorable en términos políticos, ya que, la enorme mayoría de los parlamentarios pertenecen a la derecha, dejó a Dilma prácticamente sitiada, sin apoyo de las fuerzas armadas, con una izquierda muy débil y una economía colapsada por la crisis. Creo que el gobierno entró en pánico. Mientras tanto, la derecha empezó a instalar la posibilidad de un “impeachment” que no ocurría desde Collor de Mello y generó una movilización callejera no vista desde la década del 50’. En este contexto, el gobierno no tuvo el coraje de aplicar su plataforma y puso al mando de la economía a un neoliberal que está llevando adelante políticas de ajuste. De todas formas hay que recalcar que el gobierno no está girando a la derecha sino que está negociando la austeridad. Los derechos laborales siguen vigentes, lo que hubo fueron algunos cambios menores y los puntos centrales del PT no han sido modificados. Lo que si hay es una política de austeridad que va en contra de las expectativas generadas durante la campaña electoral.

¿Cuál es la reacción del votante del PT frente al ajuste del gobierno?

La gente humilde, los trabajadores y los sectores populares que votaron por el gobierno se siente traicionada. Es una sensación de decepción pero esto no significa que el PT se haya corrido a la derecha ni mucho menos que haya una alternativa de izquierda, eso no existe.

Independientemente de las intenciones de debilitar al gobierno, ¿Considera positivo que la justicia condene a altos funcionarios?

En ese sentido lo que está pasando es histórico. Es la primera vez que se enjuician, no solo a políticos sino a  empresarios poderosos. Esto es importante pero también hace que la situación sea más compleja, porque nadie va a oponerse que se investigue y se condenen a los implicados en casos de corrupción. El problema es que no se investiga a todos los políticos, habría que investigar al gobernador de San Pablo, del opositor Partido Social Demócrata que junto con otros dirigentes del mismo sector han sido parte de estos escándalos. Sin embargo, no se avanza judicialmente, mucho menos se destaca en ningún medio.

Hay una relación innegable del sistema político con el empresariado..

El problema de fondo en Brasil, como también sucede en otros países de la región y del mundo, es que todo sistema político depende del financiamiento millonario de empresarios para acceder a los cargos públicos. ¿Cómo es devuelto el dinero prestado? En privilegios, contratos de obras públicas y demás beneficios similares. Hay que cambiar el sistema político que crea las condiciones para que la política tenga estas actitudes inmorales. Ese fue el gran error del PT, decidir continuar con las mismas prácticas de la derecha. Ahora, aquellas prácticas de la derecha que son tolerables para los medios y el poder judicial, resultan inaceptables cuando viene del gobierno. Por eso, todo está siendo utilizado para profundizar la crisis política y económica, en un momento donde la derecha no esperaba perder las últimas elecciones. Eso no pasó, Dilma ganó y la derecha no está dispuesta a tolerar cuatro años de gobierno petista, quieren interrumpir el ciclo de gobierno. La única manera de lograrlo es explotando al máximo todos estos escándalos de corrupción.