La denuncia presentada el viernes pasado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodriguez, surgió del análisis de la tareas de inteligencia desarrolladas por Antonio Stiuso mientras era director general de Operaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia.

Stiuso solicitó y consiguió autorización judicial en octubre de 2011 para la intervención de unas 20 líneas y correos electrónicos vinculados a la empresa Dark Star Security, la cual supuestamente realizaba “tareas de espionaje y contraespionaje en territorio argentino, en beneficio de una potencia extranjera”.

Las investigaciones ordenadas tras el cambio de autoridades de la ex SIDE durante el mes de diciembre de 2014, revelaron que luego de tres años de intervenciones telefónicas y miles de horas de escuchas, los informes sobre la firma Dark Star Security “no arrojaban ningún resultado sobre la materia de investigación”.

La causa a través de la cual Stiuso había conseguido las intervenciones radica en el juzgado federal de Sergio Torres, incluye 82 carpetas con 16.400 fojas de transcripciones telefónicas. Durante tres años Torres prorrogó las escuchas, sin citar a los funcionarios de la ex SIDE a que justificaran las pinchaduras.

El 13 de abril del corriente año, el fiscal interviniente, Federico Delgado dictaminó  que “No surgió ningún elemento que permita, por lo menos indiciariamente, corroborar la hipótesis inicial o cuando menos direccionar la investigación en ese sentido”, y recomendó archivar la causa, así como advirtió que al menos 27 transcripciones de intervenciones revelaban intereses subyacentes que nada tenían que ver con la causa original.

Por su parte, la presentación judicial del titular de la Agencia Federal de Inteligencia afirma que “se evidencia que la ex dirección de Operaciones, subvirtiendo las prerrogativas contenidas en la Ley Nacional de Inteligencia, llevó adelante tareas propias de su especialidad por razones que no guardan relación alguna con los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad interior, sino que constituyen un ardid destinado a investigar diversas personas físicas y jurídicas con fines particulares”.

Por esta razón, las autoridades a cargo del máximo organismo nacional de Inteligencia procedieron a denunciar al ex funcionario, “y a quienes resulten coautores o partícipes”, por los delitos de violación de los deberes de funcionario público e interceptación indebida de comunicaciones telefónicas, delitos penados en el artículo 248 del Código Penal y en el artículo 42 de la Ley de Inteligencia.