Se cerró la causa por el pago de sobornos a senadores de la Nación para la aprobación de la ley de reforma laboral de abril de 2000. El expediente penal se había iniciado a mediados de ese año, cuando fueron reveladas las negociaciones entre funcionarios de la Alianza y senadores del Partido Justicialista.

En 2003, el ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, se presentó en los Tribunales como arrepentido y detalló cómo fueron los pagos.

En 2013, El Tribunal Oral Federal N° 3 absolvió a todos los acusados al estimar que no se probaron las coimas. Allí los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez consideraron no probada la existencia del supuesto delito denunciado por Pontaquarto.

En diciembre de 2015, la Cámara Federal de Casación confirmó la absolución del ex presidente Fernando de la Rúa y del resto de los acusados. En esa oportunidad, los magistrados declararon que no había elementos que probaran que los sobornos hayan existido y que, por lo tanto, correspondía aplicarse el beneficio de la duda.

El fiscal que llevaba la causa Javier de Luca y la Oficina Anticorrupción habían acordado no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, al considerar el agotamiento de los pasos procesales, que el máximo circulo de la Justicia seguramente confirmaría la absolución y la proximidad de la fecha de prescipción.

Según fuentes periodísticas, la Oficina Anticorrupción emitió un dictamen interno en el que los señalaron que las chances de que la Corte revocara el fallo de la Casación eran remotas. En ese mismo texto, el organismo habría estimado que la prescripción debería entenderse como un fallo tácito.

Fuente: NCN, Infobae, La Nación