Durante gran parte del siglo pasado se ha disputado la tierra en Colombia, a menudo con violencia. En la década de 1990 el gobierno trató de ayudar a los pequeños agricultores, declarando seis regiones propensas a conflictos como reservas para ellos, donde serían protegidos de la apropiación de tierras, beneficiados por el apoyo al desarrollo rural y alentados a no sembrar coca y a no apoyar a las FARC. En la práctica, la falta de seguimiento del gobierno llevó a las FARC y a otros grupos armados a incorporar a los agricultores. Y ahora estas zonas de reserva campesina (ZRC) se han convertido en un tema de discusión en las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla.
El mes pasado las FARC propusieron añadir otras 54 zonas de ese tipo, que cubrirían 9.5 millones de hectáreas, un área 11 veces más grande que su tamaño actual. Aún más polémica fue la demanda de la guerrilla de que las zonas disfruten de «autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental, cultural y judicial». A muchos colombianos, esto les sonó demasiado al deseo de las FARC de crear enclaves independientes que podrían ser llenados con combatientes desmovilizados y administrados como «mini-repúblicas» privadas, como lo dice Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura. La idea recuerda mucho al gran asilo concedido a los guerrilleros en la ciudad de San Vicente de Caguán durante las fallidas negociaciones de paz entre 1998 y 2002. «Esas exigencias son inaceptables», dice el señor Restrepo.
Los grupos campesinos replican que las FARC tomaron sus propias propuestas, aunque no todos quieren autonomía política y judicial. Cerca de 3.800 campesinos de ZRCs (o que quieren más de éstas zonas) se reunieron el mes pasado en San Vicente con el fin de elaborar su propio plan para presentar a los negociadores de la paz. César Jerez, uno de sus líderes, lamenta el «debate politizado» sobre las zonas y se queja de su estigmatización. «El ministro de Defensa cree que todo lo que tiene que ver con los campesinos se relaciona con las FARC», dice.
El Gobierno ya ha previsto ampliar las ZRC como parte de un proyecto de ley de desarrollo rural, que está a la espera del resultado de las conversaciones de paz. Las zonas de reserva son un «instrumento útil» para organizar el desarrollo rural, según el Sr. Restrepo. Pero lejos de ser enclaves autónomos, él los ve como una forma de garantizar la presencia del Estado en zonas donde actualmente es leve.
Las FARC ahora parecen estar tratando de calmar los temores de que están buscando el control del territorio. En un video dirigido a la convención de los agricultores, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, no reiteró la demanda de autonomía.
Los negociadores del gobierno y la guerrilla se han reunido en La Habana desde noviembre. Un acuerdo sobre la cuestión de la tierra, el primero de los cinco puntos de la agenda, parecía inminente. En su lugar, el 30 de marzo las dos partes declararon un receso no programado hasta la tercera semana de abril.
Muchos colombianos han permanecido escépticos en cuanto a si las FARC, que retiene a unos 8.000 combatientes, realmente quieren lograr la paz. Al organizar las conversaciones, el presidente Juan Manuel Santos ha advertido que los recursos militares por sí solos no pueden acabar con el conflicto. Frente a la elección presidencial del año próximo, Santos ha dicho que se debe llegar a un acuerdo en noviembre. Sólo sus adversarios políticos se alegrarán si no hay acuerdo sobre la cuestión de la tierra en las próximas semanas.
Fuente: The Economist
