Un amplio operativo de seguridad fue desplegado desde esta mañana en inmediaciones de un complejo de viviendas ubicado en Castañares y Lafuente, en el Bajo Flores, que se encuentra tomado desde el mes de marzo último y que debe desalojado tras una orden dispuesta por la justicia federal.

Se trata de unidades habitacionales que estaban destinadas a habitantes de asentamientos levantados a orillas del Riachuelo.

El procedimiento lo llevan adelante efectivos de la Policía Metropolitana y su Guardia de Infantería junto a miembros de la Policía Federal «que forman un cordón perimetral de seguridad», y se aclaró que no se encuentran armados.

La negociación con los cerca de 180 ocupantes del predio la maneja el Ministerio de Desarrollo Social porteño, finalizó pasadas las 10 con el fin de lograr un acuerdo que permita un desalojo voluntario.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social porteño, María Eugenia Vidal, quien se hizo presente en el predio tras la reunión de gabinete porteño, adelantó que «los ocupantes, de no tener otro lugar, serán reubicados en hogares pertenecientes al Gobierno de la Ciudad».

La orden de desalojo fue dada por el juez federal Luis Armella y posteriormente la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida. El complejo tomado pertenece a la Corporación Buenos Aires Sur que depende del gobierno porteño.