La Defensoría del Pueblo porteña pidió incorporarlos inmediatamente.Alicia Pierini, titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sostiene que  “Les cayó como un meteorito en la cabeza”, y luego de  escuchar las quejas, decidió presentar en la Legislatura un proyecto de ley que contemple estos daños y los subsane económicamente.Si bien los propietarios fueron indemnizados, nunca se tomó en cuenta el caso de los comerciantes que alquilaban. Estas personas plantearon en la Defensoría que, de un día para el otro, no solo quedarían sin negocio, sino que también perderían el intangible, que es el fondo de comercio, teniendo que hacer malabares para ubicar el stock existente y, por si fuera poco, indemnizar a los empleados que, forzosamente, iban a tener que despedir.El proyecto de Pierini fue girado a la Comisión de Presupuesto, pero ahora será abordado además por la Comisión de Obras Públicas. “Los diputados se avivaron tarde de lo que han votado y ahora hay que subsanar este vacío”, señaló Pierini. Los negocios afectados se ubican sobre las avenidas Santa Fe, Córdoba, Pueyrredón y Sáenz. Pierini refiere que hay cierto consenso entre Pro y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), que propiciaría el uso de fondos de la propia empresa estatal para indemnizar a los no propietarios.“Luego será la evaluación de daños para cada caso puntual. Hay que ofrecerles beneficios porque por ahora están en el aire”, describió la defensora del Pueblo.La iniciativa establece “una ayuda económica, por única vez, a los comerciantes cuyo asiento comercial se encuentre en alguno de los inmuebles declarados de utilidad pública por la presente ley y no sean propietarios del mismo”.Por su parte, indica que “los gastos que demande el cumplimiento serán imputados a la partida presupuestaria 329.12 Sbase-Construcción de la Línea H”.Esta iniciativa se inscribe en el marco de la Ley 23.514 de 1987, que creó el “Fondo Permanente” administrado por Sbase y destinado exclusivamente a las inversiones que originen los proyectos, construcciones, instalación y demás erogaciones necesarias para la habilitación de nuevas líneas o ampliación de las existentes.La actual norma solo ampara el derecho de los propietarios; por ello, la defensora del Pueblo propone extender la ayuda económica a los locatarios de comercios.En este sentido, la Defensoría señaló que debería tenerse presente que los locatarios del inmueble, para continuar desarrollando su actividad, deberán encontrar un nuevo local en la zona donde se desempeñaban incurriendo en nuevos costos de gestiones inmobiliarias, impuestos, sellados, tasas y habilitaciones comerciales.En uno de los artículos se especifica que el monto de la ayuda a otorgarse en cada caso no será menor al 10 por ciento del precio de los bienes sujetos a expropiación o el importe abonado en concepto de locación o canon durante los últimos doce meses.Pero por ahora, el conflicto no se ha solucionado y los comerciantes ya empezaron a hacer oír su voz públicamente. Por caso, los de la avenida Sáenz, en Pompeya, vienen realizando protestas con corte de tránsito cerca de la estación para hacer notar su disconformidad con la ley actual. La mayoría lleva más de 40 años de trabajo ininterrumpido en el barrio.Mientras tanto  las intimaciones y desalojos  comenzaron a llegar, pero estos comerciantes depositan su última cuota de esperanza en la Defensoría y en la razonabilidad de los legisladores. Esperan una solución antes de tener que bajar las persianas.