Pero a pesar de que se cumplió un año de su cierre, muchas organizaciones que velan por el patrimonio histórico y urbanístico de la Ciudad no se dan por vencidas en la lucha por recuperar la histórica confitería de la peatonal Florida. 

Hasta el momento, con ayuda de legisladores, se consiguió que la Justicia impida que se realice cualquier otro proyecto privado, aunque el tiempo corre y el estado no se modifica.

El jueves último, integrantes de asociaciones como Basta de Demoler, SOS Caballito, Proteger Barracas, consejos consultivos comunales, junto a vecinos y legisladores, se juntaron en la puerta del local para realizar un acto simbólico en el que todos tomaron el té. Pidieron una resolución del tema. 

Hasta el momento, el paso más firme que se dio llegó del lado de la Justicia, que hizo lugar a un amparo de la legisladora María José Lubertino (FpV) y determinó que “no se podrá tomar ninguna medida de enajenación, transferencia, modificación o destrucción del edificio sin la autorización expresa y fundada” del Ministerio de Cultura porteño.

Hace un tiempo, los propietarios del fondo de comercio estuvieron cerca de firmar un contrato de alquiler con la firma Nike, que realizaría un megalocal.

 La repercusión y la crítica de la gente frenó el intento.  Al respecto, Lubertino dejó trascender que conoce inversores que podrían continuar con el negocio de la confitería.

Pero desde el Gobierno de la Ciudad ven un impedimento que mezcla lo público y lo privado. “Cuando los dueños presenten una propuesta, deberemos ver si se trata de un uso sustentable compatible con el patrimonio tangible e intangible. El Estado no tiene potestad para obligar a un privado a venderle a otro privado”, reconoció el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi.