Los defensores del predio que funciona hace 18 años como un polo de contención cultural y social para chicos de 14 escuelas de la zona, temen que, a la luz de los últimos acuerdos legislativos entre el PRO y el FPV, el oficialismo logre los 40 votos necesarios para concretarlo. Por eso, difundirán copias del documento en que 29 diputados de la oposición se habían comprometido a no apoyar esta ley que podría tratarse en dos semanas. 

El proyecto «Feria del Sur» otorga en concesión por un plazo de hasta 20 años los valiosos terrenos del bajo autopista 25 de Mayo. Fue presentado el año pasado por el bloque del PRO y obtuvo aprobación inicial con 55 votos el 7 de diciembre. Como todo proyecto que transfiere bienes del estado, requiere de una doble lectura de la cámara. Una audiencia pública desfavorable y la movilización ciudadana lograron que los diputados que lo habían acompañado originalmente, cambiaran de posición frente a la segunda votación. 

Hace pocos días, los vecinos se cruzaron con el Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, en una de sus recorridas por los barrios. El funcionario comprometió a la presidenta de la comuna 1 a recibirlos para estudiar el caso. Sin embargo, tras sucesivas llamadas, Cristina Brunet «esquivó» la reunión, según contó Eduardo Tissera, miembro del grupo que defiende el Céspedes. 

La negativa no desentona con la política implementada por los funcionarios PRO. Según contaron a este diario dos docentes vinculados con las escuelas afectadas, bajo reserva para preservar a las rectoras de posibles represalias institucionales, fueron «constantes» los llamados y presiones de funcionarios y las reuniones donde buscaban convencer a los resistentes. 

Según otro relato reservado, se llegó a la intimidación directa en plena Legislatura. «Estábamos repartiendo el petitorio para que lo firmen los diputados, cuando una compañera se acerca a un diputado de Proyecto Sur y vino uno del PRO, que prefiero no mencionar, y le dijo: ‘no se deje convencer por estos troskos, que lo único que hacen es impedir el progreso’.

Más tarde, la misma compañera estaba en el recinto, esperando que le devolvieran los papeles firmados, y se le sentó al lado un hombre, que sería un asesor, y le dijo: ‘¿vos quién sos, negrita de mierda?, vamos a ver si te vas de acá con esos documentos’. La compañera se quedó helada», relató el miembro de la asociación cooperadora de uno de los colegios.

La propuesta oficial es trasladar las actividades a un espacio alternativo, aunque los beneficiarios del polideportivo afirman que ninguna de las opciones ofrecidas tiene el tamaño ni la ubicación óptima que tiene el Céspedes. «Tratan de reunirse por separado con las rectoras amenazando, quieren ofrecer en vez del predio otro que lo tiene concesionado un japonés en Chacabuco y casi Perú, el club Nikkei, dicen ‘total al japonés lo sacamos’. 

Cuando se les dice que no alcanza para contener a todos los pibes, ahí nomás responden, ah, bueno sacamos el club Giuffra, total depende de deportes. Están desesperados», contó Tissera, quien preside la Juegoteca de San Telmo, un espacio que funciona en el Martina Céspedes y que fue recientemente declarado de interés social y cultural por la Legislatura por «su trabajo por la inclusión integral de la infancia en situación de vulneración de sus derechos fundamentales».

El proyecto que afecta a este predio llama a licitación pública o concurso de proyectos integrales para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión del centro cultural, comercial, gastronómico y turístico «Feria del Sur», en los terrenos bajo la Autopista AU1 y las áreas linderas, entre la calle Bolívar y la media manzana entre la calle Balcarce y Av. Paseo Colón. Fue presentado en 2009 por las empresas Constructora Lanusse SA, Criba SA, Crivelli Construcciones SA y Servente SA. 

En el texto se aclara que «incluye la construcción de un jardín maternal, un centro cultural y social, y la delegación de Bomberos Voluntarios del barrio de San Telmo». 

Según los empresarios y el gobierno de la Ciudad, la obra supone reparar «la herida que produjo el desarrollo urbano hace más de 30 años, con la construcción de las autopistas que partieron la Ciudad de distintas maneras y no trataron el tejido urbano existente debajo de ellas», según expuso el empresario Eduardo Servente en la audiencia pública donde se trató el caso.

La comunidad conformó una comisión ad hoc, de defensa del Polideportivo. Organizaron festivales, encuentros y firmas de petitorios con los que lograron miles de adhesiones de vecinos. 

A su vez, la Comisión Especial que administra el Polideportivo, según la ordenanza de 1994 que lo creó, eligió hace poco a Claudia Moyano como su nueva presidenta. Para los integrantes de esta comisión, la renovación de autoridades garantiza la legitimidad de su defensa. «Es  más representativa la comisión por el hecho de que fue constituida después de producido el problema. Las comisiones anteriores no tenían este frente adverso», dijo Ricardo Fuentes, Tesorero de la Cooperadora 21 Hipólito Vieytes.  

El Polideportivo Martina Céspedes se creó en 1994, bajo la intendencia de Jorge Domínguez, cuando se transfirió por la ordenanza 48.866 el predio ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo, entre las calles Bolívar, Defensa, avenida San Juan y Cochabamba, junto con otro espacio de la avenida Independencia 749/50.

Según la norma, «los citados predios se destinarán a la práctica de actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales de la comunidad educativa y de los establecimientos citados». Se refiere a 14 colegios, entre ellos nueve primarios y cinco secundarios, afectados al uso de estos centros. La ordenanza dispone que «se cree una Comisión Especial, integrada por un representante de cada una de las asociaciones cooperadoras de las escuelas beneficiarias», tal como funciona hasta el día de hoy. Hace pocas semanas, esta comisión renovó sus autoridades. 

En la audiencia del 9 de mayo, a la que concurrieron cerca de 40 vecinos del polideportivo, la defensora adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz, advirtió que “esto es un emprendimiento económico empresarial a los que nos tiene acostumbrado este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No le alcanzó con privatizar el 70 por ciento del Parque Sarmiento, no le alcanzó con cerrar cursos en escuelas públicas como variante de ajuste económico.” Por su parte, la rectora de la Escuela de Comercio Nº 27 (turno vespertino), Silvia Wuiovich, cuyo edificio funciona frente al predio, junto con el Normal 3 y el Comercial 4, mencionó en ese encuentro a funcionarios porteños como “Silvia Imas, directora de Concesiones, al señor Damián Specter, director de Promociones del Ministerio de Desarrollo Económico y Social, y también al señor Servente”, quienes citaron a los directores “a reiteradas reuniones” con el interés de generar un convencimiento. “Atiendo las necesidades de los alumnos y defiendo un espacio público que tienen los alumnos”, advirtió. 

Las críticas fueron tan duras, que el arquitecto Servente dijo: «Esta noche, cuando vea a mis hijos, creo que les voy a decir que soy una basura. He recibido golpes como pocas veces. Creo que se produce por una mala comprensión.»