El dictamen no vinculante que emitió la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomienda a la Corte Suprema revocar el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que mantiene suspendidos los artículos 45 y 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009.

Gustavo López señaló que el dictamen de la procuradora “refleja lo que muchos veníamos sosteniendo: que la sentencia de la Cámara era arbitraria, caprichosa, infundada, tendenciosa y que se había arrogado facultades que son propias del Poder Legislativo”.

«Gils Carbó sostiene que el fallo de la Cámara prescinde absolutamente de la dimensión social y pública de los intereses en juego que inspiraron la sanción de la nueva Ley», dijo el funcionario y añadió que «la sentencia se aparta además de las circunstancias particulares del caso al omitir toda valoración a la situación de Clarín, cuya concentración empresarial pone en peligro la vigencia efectiva de derechos humanos fundamentales”.

López afirmó que “el pluralismo ínsito en la libertad de opción es claramente incompatible con la alta concentración de medios en un solo grupo empresario”, y remarcó que “la Cámara se pronunció por la inconstitucionalidad de normas legales, votadas ampliamente por el Congreso, en base a apreciaciones sobre el mero acierto o conveniencia de la norma, arrogándose así facultades legislativas, aspecto vedado a los tribunales”. 

“Esperamos que la Corte, siguiendo sus propios antecedentes en el caso en el que señalara que no sólo no está afectada la libertad de expresión sino que Clarín abusó de un instrumento transitorio como es la medida cautelar para impedir la aplicación de una ley, declare la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Medios, que garantiza la pluralidad, el acceso igualitario y la desconcentración como garantía del derecho a la información”, concluyó.