La Unidad de Información Financiera (UIF) procedió al «congelamiento administrativo» de los bienes de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes se fugaron hace seis días del Hospital Militar. 

La UIF, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, explicó hoy al respecto que hizo uso de las facultades conferidas por la ley 25.246 y modificatorias (de lavado de activos), la ley 26.734 (de financiación del terrorismo) y el decreto 918/12 (de congelamiento administrativo). 

Ambos represores habían sido condenados a principios de mes en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la provincia de San Juan. 

Sin embargo, debido a la supuesta necesidad de recibir tratamiento médico, el Juzgado Federal 2 de San Juan había autorizado el traslado al Hospital Militar «Cosme Argerich» de la Ciudad de Buenos Aires, de donde se dieron a la fuga el pasado jueves, recordó la UIF. 

Ante tales circunstancias, señaló el organismo, se dictó una resolución de congelamiento administrativo de bienes y dinero que pertenezcan a los prófugos, «con el objetivo de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de Estado y facilitar, de esa forma, su inmediata detención».