Así es como a  cincuenta metros de la Legislatura porteña, en la vereda adoquinada de Perú y Diagonal Sur, la Ciudad muestra una vereda levantada. A metros de allí, sobre la vereda de Hipólito Yrigoyen, en la entrada del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad, otra más, y sobre Balcarce, a menos de una cuadra de la Rosada, la escena es la misma, y se despliega  en todas las direcciones.

Si se realiza un recorrido por distintos barrios de la Ciudad se podrá ver el drama de la falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida.  

En materia de rampas, en tanto, la Ciudad  también tiene ejemplos Por caso, en una de las esquinas de Entre Ríos y San Juan, en San Cristóbal, la rampa se encuentra obstruida por esas ” rejas protectoras” que hay en ciertas esquinas de la Ciudad. 

En Palermo, sobre Santa Fe y Vidt, cerca del shopping, la rampa está destruida hace años, según contaron los vecinos. Contaron, también, que se cansaron de hacer reclamos. Ahora bien, en el edificio de La Pampa 781, en Belgrano, directamente no hay rampa de acceso.

Además de veredas rotas y rampas intransitables, Buenos Aires ofrece toques tragicómicos a su malograda urbanidad. 

Tal es el caso de las rampas que terminan en alcantarillas, de las rampas coronadas con un poste al final, como sucedió recientemente en La Boca, en Brandsen y Necochea, cuya foto fue furor de indignación en las redes sociales. Tal el caso –sobran casos– del paso peatonal del viaducto inaugurado hace muy poco en Lacroze, entre Amenábar y Conesa, en Colegiales, por el que, de acuerdo a sus dimensiones, solo puede pasar una persona por vez  siempre y cuando no porte mochila con carrito. O cochecito de bebé. Menos, mucho menos, de una persona en silla de ruedas.

En una ciudad que paradójicamente tuvo a Gabriela Michetti, discapacitada motriz, como vicejefa de Gobierno, basta tomar cualquier calle para hallar problemas. Por ejemplo, en San Telmo, sobre Perú,  desde la intersección de esa arteria con la avenida Belgrano, hasta México (dos cuadras), una docena de roturas considerables en las veredas, por no mencionar las menores pero también preocupantes para quien anda en muletas o no ve. Un estado similar se constató en Venezuela, entre Perú y Piedras, donde los pozos no forman telarañas gracias a los innumerables pies que van y vienen.

Michetti es diputada nacional y primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires por la lista del Pro. En julio, cuando se estrenó el metrobús de la 9 de Julio, expresó, desbordada de entusiasmo, luego de subirse a un colectivo articulado de la línea 59: “Probé la accesibilidad. ¡Estoy muy feliz! Esta es una obra increíble, apta para todas las personas con discapacidad. Es un placer saber que uno se mueve con libertad, a pesar de la silla de ruedas, y no necesita pedirle ayuda a nadie, como generalmente pasa en aquellos vehículos que no están adaptados para la silla o para personas que usan bastón o llevan un cochecito”. 

Acceso Ya es una organización no gubernamental que busca integrar socialmente a las personas con discapacidad motriz, investigando barreras arquitectónicas, recabando y reuniendo denuncias sobre la falta de acceso, para luego accionar ante las autoridades competentes y brindar asesoramiento legal en defensa del derecho a la accesibilidad.

Su directora, María Fernanda Bietti, sobre el amparo colectivo que la ONG presentó este miércoles contra el Gobierno porteño, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIJ), para que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 309, de 2004, que permite que locales comerciales queden exceptuados del cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente. Esto es: que carezcan de rampas en sus ingresos. “Hoy se sorteó el tribunal que entenderá en la causa. Será el Juzgado número 11, Secretaría 21, a cargo de la jueza Paola Cabezas Cescatto”, contó Bietti.

La Ley 962 de Accesibilidad Física para Todos dispone que todo edificio de concurrencia masiva, de propiedad pública o privada, debe adecuar sus instalaciones a fin de garantizar el acceso, circulación y permanencia de las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida. No obstante, prevé tres requisitos que admiten su incumplimiento: que los edificios sean preexistentes a su sanción (2002), que no se hayan realizado obras de ampliación y que no puedan modificarse las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y horizontales. Por su parte, la resolución objetada limita los requisitos establecidos en dicha ley, reduciéndolos a dos: preexistencia e inexistencia de obras de ampliación.

“Lo controvertido de esta resolución es que para ampararse en esta excepción basta la presentación de una simple declaración jurada del particular y del profesional encargado de la obra como mecanismo de control. Es sabido que esa declaración no es suficiente. Para poder establecer si un edificio es accesible se debería requerir la verificación de profesionales idóneos y externos de la obra. 

Además, omite exigir que no puedan modificar las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y horizontales, tal como establece la ley. 

Esto significa que, a la hora de otorgar una habilitación, el Gobierno de la Ciudad no exige el cumplimiento del principal requisito que exime del total cumplimiento de la ley de accesibilidad: el que efectivamente prueba que el edificio en cuestión no puede ser reformado”, explica la referente de Acceso Ya.

“Esta resolución se ha convertido en el principal obstáculo en la implementación de las normas de accesibilidad en Buenos Aires. Lograr su declaración de inconstitucionalidad producirá un gran impacto en las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida, quienes sufren graves violaciones a sus derechos fundamentales, afectando su autonomía y dignidad como seres humanos. Todos los días nos llegan reclamos en este sentido. Es una cuestión puramente de derechos. Necesitamos darle visibilidad a esta problemática, que empieza desde que las personas son rehenes en sus edificios, por no disponer de una rampa, y no pueden subirse a un colectivo ni pagar las cuentas en el banco”, expone Bietti, quie