El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires no puede satisfacer las demandas de los habitantes de la villa 31 que cortaron durante ocho días la autopista Illia. teño

Desde el lugar, y acompañado por su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, el jefe comunal se quejó del incremento poblacional en el asentamiento precario del barrio de Retiro. Según él, en 2003 vivían 5.000 familias en el lugar y hoy hay 50.000, hecho que atribuyó al gobierno nacional. “A pesar de haber tenido un fallo de la jueza Sarmiento que había dicho que no había que continuar con la construcción, siguió creciendo y ellos no se dan cuenta de la realidad de la situación”, se quejó.

“Contra eso, lo que hemos hecho fue obras de infraestructura, de agua corriente, de asistencia escolar y asistencia en salud. Pero como no para de crecer, nunca nada alcanza. Ellos (el gobierno nacional), lejos de pensar que la gente no puede vivir de esa manera, lo siguen estimulando. Vamos a trabajar para ayudarlos a que el Estado este presente en la medida en que no se corte la autopista. Si se corta, no estaremos colaborando; por cortar la autopista, no vamos a darles cosas que no corresponden”, agregó.

Al ser consultado sobre los cambios impositivos anunciados por la AFIP para que los titulares de las viviendas comiencen a tributar por el valor de mercado de sus propiedades, Macri expresó su negativa. “No hay recaudación que les alcance. Es el gobierno que más impuestos ha cobrado en la historia de la Argentina y no les alcanza. Esto no para, no para. Y tienen que aprender un término clave: austeridad”, dijo, olvidando que él aumentó todos los impuestos desde que llegó a la Jefatura de Gobierno.

Por último, el líder del PRO alegó desconocer el cierre del Programa de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales de la Ciudad, que dependía de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. “No me consta”, respondió Macri a la consulta de un periodista. El gobierno porteño despidió a María Elena Leuzzi y al equipo conformado por su hija, Candela González, una asistente social, una psicóloga, y una abogada que trabajaban desde 2008 y asistieron a 3.000 víctimas. “Lo que hacemos permanentemente es asignar los recursos a los que más lo necesitan y esa ha sido la línea directriz de nuestro gobierno. Se puede haber reasignado a otras más importantes”, dijo el jefe de gobierno.