Mientras que en la Legislatura se discute qué hacer con los cuidacoches- comúnmente llamados “trapitos”- si prohibir su trabajo como quiere hacer el Pro o si legalizarlos, como impulsa el Frente Para la Victoria. 

Actualmente, la vigilancia de un auto está entre $ 30 y $ 40 en la calle, mucho más económico que un estacionamiento, pero en las cercanías de  La Rural cuesta $ 160.

El proyeto que impulsa el Pro prevé sanciones que incluyan arresto de  “5 a 20 días y multas de $ 200 a $ 2.000”, que serán el doble en caso de que se compruebe que existe una organización detrás. Y el triple para quienes lideren esas organizaciones.

Gabriela Alegre y Claudia Neira, diputadas del FpV proponen, en la vereda opuesta, abrir un “Registro de Cuidadores de vehículos”, una actividad que consideran “de mera subsistencia”. La iniciativa prevé referencia a jubilados y discapacitados pero también consideran penas para los no registrados.