Un cambio de etapa.
Las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista entre “capital” y “trabajo” fueron mediadas por la acción del gobierno del Estado en el período 1946-1955 a favor del conjunto del pueblo argentino. La tensión natural del sistema se agudiza en torno a la crisis de la balanza de pagos y la caída del valor de las exportaciones en 1952, las cuales eran parte del mecanismo con que el gobierno peronista contaba para direccionar la renta agropecuaria en función del desarrollo industrial, los sectores asalariados y de la infraestructura nacional necesaria.
El movimiento obrero, que desde 1943 se había ido constituyendo como un actor fundamental de la escena política nacional pudo inclinar la balanza a favor del nuevo bloque social de poder que se empezaba a hacer visible en las jornadas de octubre de 1945 y se objetivaba en las elecciones de febrero del año siguiente. Ese mismo movimiento obrero organizado, base de sustento del Estado Justicialista y miembro activo dentro de la maquinaria estatal y fuera de ella, no estaba dispuesto a rediscutir los términos del pacto social en el “Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social” de 1955, ya que éste intentaba modificar los porcentajes de la redistribución de la riqueza socialmente producida y las formas de producción de la misma (particularmente las condiciones y tiempos de trabajo al interior de las fábricas).
Por su parte, los sectores patronales industriales junto a la oligarquía agraria, sectores de las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, deciden dar su parecer ante la intransigencia obrera-popular: bombardeando Plaza de Mayo el 16 de junio y perpetrando un golpe de Estado en septiembre de ese mismo año.
El derrocamiento del gobierno democrático de Juan Domingo Perón en 1955 no sólo significo la restricción de las libertades civiles, políticas y gremiales, sino una profunda modificación en las pautas de redistribución de la riqueza socialmente producida. Por la fuerza de las armas se llevaron adelante reformas de índole estructural a favor del capital concentrado en detrimento de los sectores asalariados.
Instancias de mediación rotas.
En la sociedad moderna la mediación entre la sociedad civil y el poder del Estado se establece principalmente en la esfera político-económico corporativa. Es decir, en las estructuras capaces de canalizar las demandas y expectativas de los sectores que se aspira representar. Estas son las cámaras empresariales, los partidos políticos y los sindicatos.
En el sistema democrático hay reglas particulares para que estas organizaciones se pueden expresar y relacionarse entre sí o con las diferentes estructuras burocráticas del Estado. Cuando estos canales se obturan o se cierran todo reclamo reivindicativo es percibido por la élite de poder como subversivo. Es entonces, que al movimiento obrero le quedan tan sólo dos alternativas: aceptar las nuevas condiciones de trabajo, o, resistir las mismas. Lo cual, en el segundo caso, obliga al sector sindical a cambiar también las formas del enfrentamiento, ya, que, aunque no lo busque, todo enfrentamiento con las patronales lo es también con el régimen.
En período 1955-1973 implicará la utilización de diversas metodologías de acción que el movimiento obrero organizado utilizará para dialogar, acordar, resistir o enfrentar al bloque social conformado entre patronales y fuerzas armadas.
El Cordobazo implicó el método de la “acción directa”. La utilización de una práctica no institucionalizada, no pautada por el sector dominante, que es asumida por el sector más combativo de la clase trabajadora e imitado por otros sectores sociales que mantienen intereses contradictorios con respecto al régimen político. La acción directa, de esta manera, se vuelve una práctica social aceptada por grandes porciones del pueblo a lo largo del período, siendo uno de sus atributos el de actuar como descomponedora de relaciones sociales establecidas en la medida que “elimine” las esferas de mediación más arriba descritas.
Antecedentes.
El 12 de mayo de 1969 Onganía dicta la Ley 18.024 estableciendo para todo el país la uniformidad de las 48 horas laborables por semana. En Córdoba la ley provincial estipulaba la jornada semanal de 44 horas, razón por la cual, las patronales exigieron que se aumentaran las horas de trabajo para equiparar la situación local a la nacional.
A este marco se le sumaban otros reclamos previos que tenían que ver con el incumplimiento patronal a sumas salariales pactadas en las convenciones colectivas nacionales.
La respuesta obrera no se hizo esperar y comenzaron una serie de asambleas por fábrica, huelgas y movilizaciones. Varias de estas manifestaciones fueron dispersadas por la policía provincial.
El 15 de mayo es asesinado el estudiante Juan José Cabral en una protesta estudiantil en la ciudad de Corrientes, desencadenando una pueblada conocida como el Correntinazo. Al día siguiente, los estudiantes rosarinos se movilizan en solidaridad con sus pares correntinos y son violentamente reprimidos, durante esa jornada es asesinado el estudiante Luis Norberto Blanco generando otra pueblada conocida como el primer Rosariazo.
Ante este estado de situación, Agustín Tosco secretario del sindicato de Luz y Fuerza cordobés (CGT de los Argentinos) se reúne con Elpidio Torrez, secretario general de SMATA cordobés (CGT Legalista) para organizar una protesta sindical frente a los abusos policiales y la política gubernamental antiobrera. A ellos se le sumaría Atilio López, dirigente de UTA.
De esta forma, ambas corrientes sindicales convocan a una huelga general en la provincia con movilización para los días 29 y 30 de mayo. A todo esto, y a nivel nacional, las dos CGT habían llamado a una huelga general para el día 30. Y, por otro lado, la Federación Universitaria de Córdoba, realizaba una serie de asambleas para adherir activamente a la medida de lucha dispuesta por los sindicatos. La alianza obrero-estudiantil estaba planteada.
El escenario general por el lado de los sectores populares se completaría con la participación de los agrupamientos políticos que accionaban en la clandestinidad. Algunos de ellos respondían a la denominada Tendencia Revolucionaria del peronismo o al PRT.
La Insurrección.
El jueves 29 a las 11 de la mañana, los trabajadores que se habían concentrado en sus lugares de trabajo se dirigen marchando hacia el centro de la ciudad de Córdoba en dos grandes columnas. La primera de ellas sale desde el sur, de las puertas de la empresa IKA-Renault y marcha por Av. Vélez Sarsfield nutrida principalmente por los obreros del SMATA. La segunda de ellas parte desde el noroeste por la Av. Colón y la Av. Gral. Paz, la cual es encabezada centralmente por los obreros de Luz y Fuerza. A medida que marchaban se le iban sumando grupos de obreros y estudiantes. Ambas columnas tenían como objetivo llegar al centro de la ciudad y confluir en un gran acto.
La columna noroeste al llegar al cruce de la Av. Gral. Paz y La Rioja es reprimida por la policía provincial con gases lacrimógenos y disparos de advertencia. Obreros y estudiantes responden armando barricadas, prendiendo fogatas para dispersar los gases y contestando los disparos (ahora ya certeros) con piedras y algunas molotovs. Los manifestantes son apoyados por el barrio quien arroja todo tipo de elementos contundentes contra la policía desde las azoteas.
Por su parte, la columna sur entabla el primer enfrentamiento en la zona de la Ciudad Universitaria contestando con piedrazos, molotovs y hondas con rulemanes los disparos de la policía.
Alrededor de las 12:30hs se produce la primera víctima fatal obrera. Cae muerto por un disparo de la policía montada Máximo Mena, delegado de SMATA en IKA-Renault.
La represión provoca que los manifestantes se replieguen en los barrios para defenderse. Se improvisan barricadas, se cruzan autos y cables en las calles, se prenden fogatas y se logra frenar el avance policial. El apoyo de los barrios es contundente al dar refugio, alimento, agua y en sumarse a la protesta.
¡¡Manden las tropas!!
Las fuerzas policiales provinciales fueron desbordadas por el accionar organizado de los sectores populares. Ante esta situación el gobierno nacional traspasa la injerencia del conflicto bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército a cargo del general Eleodoro Sánchez Lahoz quien ordena la entrada a la Ciudad de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada bajo las órdenes del general Jorge Raúl Carcagno quien decreta el toque de queda bajo pena de ejecución sumaria para quien no lo respetase.
A partir de las 16 horas las primeras tropas del ejército entran a la ciudad recibiendo apoyo aéreo de aviones de combate que sobrevolaban las zonas controladas por los manifestantes. Ese mismo día, las tropas logran controlar el centro de la ciudad y toman las sedes sindicales arrestando a varios dirigentes.
En pocas horas, se establecieron tribunales militares para juzgar la insurrección y condenar a los detenidos.
Desde las últimas horas del día 29 hasta bien entrada la mañana del día 30 de mayo el ejército tuvo que recuperar barrio por barrio las zonas controladas por los manifestantes que se negaron a cumplir con el toque de queda y tuvieron escaramuzas nocturnas con las tropas. Tan solo en el barrio del Hospital de Clínicas, que logró ser controlado durante la tarde del día 30, fueron detenidas más de 300 personas de las cuales 104 fueron enjuiciadas por tribunales militares.
Para el día 31, el gobierno lograba restablecer el orden en la ciudad de Córdoba. Agustín Tosco fue condenado a ocho años de prisión y Elpidio Torrez a cuatro.
Ambas CGT declararon el lunes 2 de junio como “día de duelo” llamando a una huelga de 37 horas para los días 17 y 18, donde el acatamiento fue total.
Una postal atemporal.
Mucho tiempo después a los sucesos del Cordobazo, el general de división Eleodoro Sánchez Lahoz, quien comandó la recuperación de la capital cordobesa, describió como nadie lo que había ocurrido: “Me pareció ser el jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente tiraba de todo de sus balcones y azoteas…”
Réquiem para un régimen
El Cordobazo y otras insurrecciones populares, que tuvieron como principal protagonismo a la clase obrera, abrieron un proceso de desgaste acelerado del régimen militar, el cual se vio obligado a poner fin a la proscripción peronista y llamar a elecciones. Como enseñanza podemos sacar, tal vez, dos conclusiones inmediatas.
La primera de ellas que para un cambio profundo de las fuerzas productivas es imprescindible contar con el gobierno del Estado. Así lo entendió la burguesía en 1955 recurriendo a las fuerzas armadas para garantizar la transformación a favor del Capital y así lo entendió en 1969 al reprimir la conformación de una alianza social en Córdoba con clara dirección obrera y objetivos clasistas.
La segunda conclusión tiene que ver con que sólo es posible enfrentar el avance del Capital tejiendo las alianzas sociales necesarias, pero teniendo en claro que marchar juntos no es estar amontonados y que es fundamental el núcleo que dirija dicha alianza. No es ocioso preguntarnos si el movimiento obrero y demás sectores populares que habían quedado sin representación política en 1955 alguna vez pudieron volver a lograrla con la misma intensidad de avances en conquistas y derechos que los obtenidos entre 1945 y 1955. Si la respuesta no es positiva, tal vez sea el momento de cuestionarse el por qué ha sido así. Ya que, en la Argentina actual, con prácticamente la mitad de su población en la pobreza y más del 70% de su economía extranjerizada vale preguntarse sobre quiénes han sido los ganadores y perdedores de la historia.
