Ambos legisladores convocados por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 8,  consideraron, junto a la comunera Julieta Costa Díaz (PSA), que «hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto, cuando Macri hizo públicas las circunstancias en que se realizaría un aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía».

«Además de violar la intimidad de la paciente, el jefe de Gobierno produjo una situación de conmoción política que impidió la culminación del tratamiento médico», dijo Nenna, y concluyó: «Macri no tenía razones para conocer esa información y mucho menos para hacerla pública».

Con este paso procesal culminan las formalidades y queda abierta para la Fiscalía la posibilidad de iniciar la investigación por la Violación de los Artículos 157 (Violación de Secreto Legal) y 248 (Violación de los deberes de Funcionario Público) del Código Penal y la Ley de Salud de la CABA (Ley 123). Concretamente, lo que se le imputa a Macri es que en una cena organizada por la agrupación Consenso Republicano hizo públicos los datos sobre una práctica médica a realizarse durante los días siguientes en el Hospital Ramos Mejia, anunciándola como «el primer aborto no punible que se realizará en la ciudad».