Los activistas detenidos en Rusia por la protesta contra la extracción de petróleo en el Ártico serán trasladados a una cárcel de San Petersburgo, luego de que el gobierno ruso haya informado el cambio de carátula de los involucrados por los de «vandalismo».
Las acusaciones hacia los miembros de Greenpeace detenidos podrían llevarlos a ser condenados hasta 15 años de prisión.
«Los 30 activistas de Greenpeace, que realizaron una protesta pacífica en el Ártico, no son ni piratas ni vándalos, son personas preocupadas por nuestro futuro y deben ser liberados de forma inmediata. Las autoridades saben esto pero buscan criminalizar el accionar de activistas pacíficos y dificultar el trabajo que nuestra organización viene haciendo en materia legal y humanitaria para asistirlos. Seguimos trabajando duro para que los 30 vuelvan a casa», aseguró Martín Prieto, el Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina.
Los activistas serán trasladados desde el centro de detención de Murmansk, donde están hace más de un mes, hasta la ciudad de San Petersburgo, a 1000 kilómetros de allí. Los abogados defensores todavía no fueron formalmente notificados sobre las razones de esta medida.
«Los detenidos no deben estar en esta ni en ninguna cárcel. Deben ser puestos en libertad para reunirse con sus familias y reiniciar sus vidas», señaló Kumi Naidoo, Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional.
El próximo miércoles, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) escuchará el caso presentado por Holanda para exigir la liberación de los 30 y el regreso del barco del grupo ambientalista. Por su parte, Holanda sostiene que la detención y posterior abordaje fueron ilegales.
La organización presentó un escrito de «amicus curiae» en apoyo a la solicitud holandesa. En tanto, el Presidente Putin y el Comité de Investigaciones admitieron públicamente que este no es un caso de piratería, lo que obliga a plantear el interrogante de si el mantenimiento de los cargos es sólo una maniobra para evitar la liberación inevitable de los detenidos.
