El conflicto, siempre latente, volvió a reactivarse a partir de la situación crítica en que se encuentra la capacidad del complejo de la CEAMSE en José León Suárez, González Catán y Ensenada que diariamente reciben un total de casi 6300 toneladas de desperdicios generados en suelo porteño y 9400 toneladas de 33 municipios provinciales. Esto significa que la Capital Federal, a pesar de ser sólo uno de los distritos que utiliza el servicio, suma el 40% de lo depositado. En los centros –mayormente en el relleno Norte III de José León Suárez– se acumula lo desechado por cerca de 13 millones de personas, y si se considera que el Censo 2010 arrojó para la Ciudad una población de casi 2,9 millones de habitantes, esto significa que por cada porteño se envían 2,17 kilos de basura cada 24 horas, en tanto que por bonaerense, menos de 1 kilo. A este desequilibrio se suma que la administración de Mauricio Macri está lejos de cumplir con los objetivos que se establecieron en 2007 a través del Plan Basura Cero, en el marco de la Ley Nº 1854. Según el artículo 6º de esta norma, “la autoridad de aplicación fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios”. Las metas a cumplir eran de una merma del 30% para 2010, de un 50% para 2012 y un 75% para 2017, tomando como referencia lo informado por la CEAMSE durante 2004. En ese año, la Ciudad había enterrado 1.492.867 toneladas. Muy por el contrario a lo que marca la legislación, el volumen de desperdicios enviados desde la Capital Federal a la provincia viene en aumento: de 1.847.748 toneladas en 2009, pasó a 2.110.122 en 2010 y a 2.277.772 en 2011, lo que significa un crecimiento del 23,27% –en el caso de los municipios, fue del 8,5%– . Y si, como pide la propia ley, se compara con 2004, la cifra es aun más elocuente: los envíos de la Ciudad se incrementaron en 784.905 toneladas, es decir, un 52,57%. Con estas metas frustradas, la tensión entre el gobierno porteño y el bonaerense –las dos jurisdicciones que integran la CEAMSE– se complicó. Esto ocurrió luego de que Cristina Fernández instara públicamente a que la administración de Daniel Scioli y los intendentes involucrados hicieran lo necesario para modificar el escenario. “Todos los municipios tienen que ponerse al frente de la lucha por la basura, no es justo que se contamine y ni siquiera se retribuya como corresponde. La CEAMSE de Campo de Mayo no da más”, advirtió la presidenta el pasado 3 de mayo, y agregó: “Que la Ciudad pague lo que tiene que pagar o que procesen allí los residuos.” De inmediato, el conflicto se sumó al grupo de temas que la Nación exige que la Ciudad asuma como de su entera competencia, tal el caso de la seguridad, la red de subterráneos y el transporte de colectivos. “Cada uno tiene que hacerse cargo de su distrito, porque eso es gobernar”, sentenció la Presidenta durante un acto en Esteban Echeverría. El pedido presidencial tuvo un impacto inmediato: la CEAMSE aumentó en un 35% el canon que el gobierno porteño venía pagando para echar sus bolsas en el relleno Norte III. La medida regirá desde el 1 de junio. En el mismo comunicado donde dio a conocer la suba, el titular del organismo interjurisdiccional, Raúl de Elizalde, adelantó que, de ahora en más, se va a “priorizar la asignación de los espacios remanentes para la disposición de residuos originados en los municipios del Conurbano Bonaerense”, como resultado de una disponibilidad “crítica”. De Elizalde, representante de la provincia en la entidad, también reclamó la puesta en marcha de la Ley 1854, para asegurar una “disminución efectiva” de los desechos porteños en un 50% en un lapso de 30 meses. A su vez, sostuvo que “dicho programa deberá garantizar que en el plazo de 60 meses sólo sean remitidos a nuestros complejos ambientales residuos que hubieran sido previamente tratados”. Por su parte, Scioli había solicitado la “colaboración” del macrismo para que “en un plazo razonable reduzca al mínimo los desechos que ingresan diariamente a la provincia”. Para el gobernador, “no es un problema técnico, la solución demanda decisión política”. A estas críticas viene respondiendo el ministro de Ambiente y Espació Público porteño, Diego Santilli, quien días atrás se mostró junto a los nuevos contenedores que el PRO instaló en el microcentro. En su defensa la Ciudad sostuvo, que los objetivos impuestos por la legislación resultan imposibles de alcanzar. También aseguró haber hecho inversiones en plantas compactadoras y le reclamó a la provincia que inaugure nuevos rellenos sanitarios. Santilli se había quejado por que la Ciudad paga 50 dólares por tonelada dispuesta. “El doble que los municipios de la provincia”. En contraste, surgen experiencias exitosas como la de Mar del Plata. “Contamos con una respuesta importante de la presidenta, que nos permitió acceder a un financiamiento del Banco Mundial con el que encaramos la construcción de un centro de disposición final de residuos, que es uno de los más modernos del país”, explicó el intendente Gustavo Pulti. “Hacemos exactamente lo contrario de lo que hace el intendente de Buenos Aires”, concluyó el jefe comunal. Ya en enero de 2011, la asociación ambientalista Greenpeace le había puesto el sello de “reprobado” a la gestión de Macri en cuanto a gestión de residuos. “No cumplió con el primer objetivo de la Ley de Basura Cero”, le recriminó la entidad, una de las que más bregó por la sanción de esa normativa en la Capital Federal. En consonancia con la problemática, la diputada porteña del Frente Progresista y Popular María Elena Naddeo solicitará la presencia del ministro de Espacio Público, Diego Santilli, en la Legislatura de la Ciudad, para rendir cuentas acerca del incumplimiento de la Ley de Basura Cero. “A pesar del aumento en valor del contrato de la basura, el cual pasó de 2.549.037.000 millones de pesos, contra 1.925.330.000 del año 2011, es decir un aumento del 33%, la ciudad está cada vez más sucia”, expresó la legisladora en un comunicado. La Ley 1854, de Basura Cero, reglamentada en 2007 y 2008 establece la obligación de la Ciudad de reducir progresivamente el volumen de residuos que remite a los rellenos sanitarios. También se ordena, como una de las estrategias centrales, el concepto de separación en origen, es decir, la separación domiciliaria de los residuos secos de los húmedos; los primeros para ser recuperados y los húmedos para ser tratados. «Nada de esto se ha hecho. Todo sigue en un virtual proceso de implementación y de anuncios demagógicos de campaña electoral», dijo Naddeo. Añadió que «cada año el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, declama y promete las acciones de separación en origen, pero nada se hace en concreto en los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la población en general sigue sacando la basura mezclada, no tiene elementos ni pautas generales para instrumentar otro sistema». Por otra parte la legisladora criticó que los contenedores «son la nueva `niña mimada` del jefe de gobierno, Mauricio Macri y su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta». «Han sido presentados como solución al problema de la basura, sin embargo desbordan de residuos, los recuperadores urbanos vacían los contenedores en plena calle y abren las bolsas para recuperar los cartones, plásticos y otros elementos de valor cambiable. Con lo cual se desvirtúa totalmente el objetivo de la `contenerización` de la ciudad». Naddeo reclamó que «en vez de enviar consignas del “Jugá Limpio” exclusivamente por tweet y por internet, el Ministerio de Espacio Público tiene que llegar a cada barrio, a cada casa, a cada supermercado, con las instrucciones concretas y las bolsas de diverso color para diferenciar claramente residuos sólidos de húmedos». Propuso también diferenciar los contenedores «también por color para ambas categorías; reiterar la prohibición de abrir las bolsas en la calle para toda la población, e incluir a los grupos de recuperadores urbanos en cooperativas de trabajo, con uniformes, carros modernos y lugares de acopio superando el estacionamiento de los mismos en la vía pública». «El gobierno porteño incumple con la Ley de Basura Cero. Tiene que rendir cuentas y generar nuevas y clarísimas acciones de trabajo en cada barrio de la ciudad y dejar de hacer propaganda de una gestión inexistente», por lo que diputada solicitará la presencia de Santilli en la Legislatura.