Mientras ayer el organismo previsional se presentara ante la Corte Suprema de Justicia para rechazar una demanda iniciada por una supuesta deuda de 1.040 millones de pesos y recusar al integrante del máximo tribunal Juan Carlos Maqueda, por haber sido funcionario del Ejecutivo cordobés en 1999, se cuestionó en una solicitada al gobernador De la Sota.

«Cuando De la Sota dice ´peleo por Córdoba`, no dice que habla sólo de tres de cada 20 jubilados», comienza la solicitada, y agrega: «Y está en su derecho. Pero es importante diferenciar porque habla de los jubilados provinciales que eran empleados públicos».

En este marco, el organismo que conduce Diego Bossio advierte que el gobernador cordobés «no habla de las 17 jubilaciones de cada 20 de los jubilados cordobeses que paga la Nación: jubilados que provienen de trabajos en relación de dependencia, trabajadores del sector público nacional, autónomos y monotributistas».

«Todo gobierno tiene derecho a elegir y administrar sus jubilaciones mientras pueda cumplir. Nadie obliga a nadie. Lo que no se puede hacer es prometer lo que no se tiene y actuar de mala fe. Hoy hay 10 provincias con régimen propio, Córdoba incluida. Pero de la Sota incumplió con los convenios que, vale explicarlo, era para ayudarlo en su déficit», continúa la extensa nota.

Asimismo, añade que «son muchas las cosas que explican el déficit del gobierno de De la Sota» porque «las jubilaciones anticipadas generan un déficit en cualquier sistema previsional del mundo» y porque se «posibilitó que muchos empleados públicos de Córdoba se jubilaran faltándole 10 años para acceder a una jubilación ordinaria, cobrando sin necesidad de prestar servicios».

«El sistema previsional que defiende De la Sota está reeditando las viejas conocidas crisis del sistema de seguridad social en general, lo mismo que pasó en los 90″, sostiene la Anses para luego indicar que el gobernador «ha decidido un régimen desigual y con privilegios», lo cual -agrega el organismo- «está en todo su derecho, pero ahí el Estado Nacional ya no puede ayudar».

Posteriormente sostiene que «el gobierno de De la Sota pretende recuperar lo que Córdoba (como cualquier provincia argentina) aporta como coparticipación a Anses», pero de inmediato advierte que «su uso es para pagar el déficit de las jubilaciones que representan a 3 de cada 20 jubilados provinciales provenientes del sector público».

Tras otras consideraciones en las que subraya que «De la Sota tiene un endeudamiento extremo», la Anses concluye que «no puede avalar con fondos de todos los argentinos, incluyendo los de 17 de cada 20 jubilados cordobeses, un sistema previsional tan desigual», ya que «sería atentar contra un sistema jubilatorio inclusivo, y que con responsabilidad, hoy nos protege a todos».