La medida había sido solicitada tiempo atrás por el fiscal y la autorizó ayer el juez de Instrucción Marcelo Muñoz. Maitini la requirió en el contexto de una denuncia por supuesta contaminación ambiental, realizada por la familia Enríquez, propietaria de tierras que están dentro del yacimiento. 

El fiscal señaló que el allanamiento se realizó sobre “el sector denominado Altiplano en zona de Lindero Atravesado, sobre Ruta Provincial 51”. El objetivo de los procedimientos fue “obtener muestras a través de los freatímetros existentes y del agua subterránea”, se informó desde el Ministerio Público Fiscal.

Martini pidió que “se designe perito en medio ambiente, quien deberá ser el que extraiga las muestras a analizar con los recaudos necesarios que su ciencia y conocer establezcan, como así gestionar el laboratorio correspondiente que estará a cargo del análisis de las muestras respectivas en cuyo caso se deberá indicar con precisión el método utilizado para el análisis”.

Desde la petrolera señalaron a este diario que PAE no fue notificada de la denuncia, por lo cual no sabe de qué consta, aunque indicaron que data de 2011.

Además comentaron que en caso de detectar un derrame, avisan de inmediato a la autoridad de aplicación.

La compañía mantiene diferencias con superficiarios desde hace un par de años. En diciembre de 2010, representados por el abogado Orlando Funes, encargaron un relevamiento en el sector oriental para detectar si había contaminación.

La tarea se realizó en el sector del “Condominio Osvaldo Grisanti y otros”, y si bien se halló suelos con restos de hidrocarburos y otras anomalías de seguridad leves como falta de cartelería, no encontraron incidentes ambientales graves.

Las muestras de suelo tomadas presentaron valores de hidrocarburos totales inferiores a los máximos permitidos por ley, al igual que las concentraciones de metales pesados.

El informe concluye que “a pesar de que los resultados de los análisis de las muestras están por debajo de las normas de referencia, esto no significa que no exista contaminación”. Aunque indica que se deben realizar estudios más profundos.

Multas más caras

En mayo de este año la Legislatura, tras el envío de un proyecto del Ejecutivo provincial, sancionó el aumento de las multas por contaminación ambiental, cuyo techo pasó de 100 mil pesos a 6,2 millones. La iniciativa fue aprobada con el respaldo unánime del cuerpo legislativo.