Argentina, con 152 internos cada cien mil habitantes, posee una de las más bajas tasas de encarcelamiento de los países latinoamericanos al tiempo que el hacinamiento y la provisión de bienes básicos a los reclusos, si bien resultan deficientes no son tan críticos si se los compara con el resto de las cárceles de países de la región, de acuerdo a un informe universitario.

El documento de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) difundido hoy reveló, además, que la población carcelaria -que totaliza 63 mil internos de acuerdo a los últimos datos del 2014- «es joven ya que el 50% tiene menos de 33 años y es mayormente masculina, mientras que la mitad cursó estudios primarios».

«Hicimos 1.033 entrevistas anónimas y voluntarias en Argentina que se replicaron en México, El Salvador, Brasil, Chile y Perú, y vimos que si bien la cantidad de reclusos está creciendo en la región, nuestro país tiene una de las tasas más bajas», explicó a Télam Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Inseguridad y Violencia (Celiv), que tuvo a su cargo la investigación.

Bergman precisó que se gastan 250 mil pesos anuales por cada preso y remarcó que «uno de cada dos que sale en libertad reincide en el primer año, por lo que hay que fortalecer las políticas posliberación si se quiere hacer algo por el bien del interno y de la sociedad en su conjunto».

En cuanto a la situación del sistema penitenciario bonaerense, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques, dijo que «aunque hay lugar para albergar a 28 mil presos, los penales poseen más de 35 mil».

«El sistema penitenciario bonaerense atraviesa una crisis muy grave, que nos exige políticas urgentes. Por ello, algunos de los ejes centrales de nuestra gestión serán la capacitación de los cuadros penitenciarios, el mejoramiento de la provisión de insumos y la depuración de la fuerza de quienes no se hayan conducido con honestidad y profesionalismo», señaló.

Según el informe, el 54,1 por ciento de las mujeres presas tiene hasta tres hijos, y el 42,1 por ciento de ellas tiene a su pareja encarcelada. El delito prevalente en los varones es el cometido contra la propiedad (robos y hurtos), mientras que en las mujeres son los delitos relacionados con drogas.

En tanto, más de la mitad de los internos tiene familiares, amigos o vecinos que han cometido delitos, porcentaje que desciende en las mujeres: el 73,7 por ciento de los varones proviene de un entorno donde hay antecedentes delictivos entre familiares, amigos o vecinos, mientras que el 30 por ciento de los presos se encontraba desocupado durante el último mes antes de ser detenido.

En cuanto a la reincidencia, la mayoría de los reclusos (67,5 por ciento) admitió haber cometido un delito y haber sido condenado con anterioridad, mientras que las recaídas descienden en las mujeres y a medida que aumenta la edad en ambos sexos.

Alrededor del 60 de los reclusos calificó a los servicios higiénicos como «muy limpios», mientras que la mayoría de los presos en el Sistema Federal tiene suficiente agua para beber (94 por ciento), cosa que no sucede en el Sistema Bonaerense, donde el porcentaje desciende al 76,2 por ciento. En contraposición, Brasil presenta los números más bajos de acceso al agua potable en la región.

Una gran mayoría de reclusos consideró mala la calidad de la comida y entre un 54 y un 75 por ciento también afirmó que es insuficiente, mientras que casi el total de los presos tiene acceso al teléfono público, a medios gráficos (diarios, revistas) y audiovisuales (TV y radio), pero no todos a teléfonos celulares.

El informe detalla, además, que la violencia física es un común denominador en todos los penales de Latinoamérica y que las cárceles son percibidas por los internos como espacios inseguros, siendo Chile el país que representa el porcentaje más alto (79,9 por ciento).

El informe reveló además que el contacto de los individuos con drogas y alcohol es bastante frecuente, y que el 37 por ciento de los reclusos creció en hogares donde el consumo era habitual. En tanto, el 44 por ciento de las drogas que se consumen en las cárceles son ingresadas por familiares.

De la presentación participaron además Aníbal Jozami, rector de la Untref; Juan Mahiques, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, y Gustavo Hornos, juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.

Estuvieron también Leonardo Filippini, fiscal federal y profesor de Derecho de las universidades de Buenos Aires y Palermo, y Roberto Gargarella, jurista, sociólogo e investigador del Conicet, y Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de las Universidades Nacionales de Quilmes y La Plata.

Fuente: Télam