La caída del Imperio Español en el siglo XIX fue acompañada en América Latina por la pérdida de la unidad jurídica-política, la balcanización territorial y el surgimiento de élites oligárquicas al frente de las nuevas repúblicas. Estas nuevas élites concertaron con las burguesías europeas un nuevo pacto de sujeción que les permitió por un lado la construcción de un orden conservador y represivo, al mismo tiempo que en lo externo les aseguraba la integración como clase al sistema liberal capitalista. O, si se quiere expresarlo en términos más contundentes, estas élites para ver garantizada su integración como sectores de clase al sistema capitalista occidental no dudaron en ceder a las metrópolis la dirección real de la conducción material de los territorios nacionales donde ellas ejercían su poder político. De esta manera, cada Estado Nación en América Latina fue un mero eufemismo para referirse a una semicolonia, territorio de ultramar o factoría dependiente del capital europeo.
El carácter de esta dependencia va a cambiar cualitativamente al desarrollarse la etapa imperialista del capitalismo. Durante el siglo XIX, América Latina había podido conservar sus riquezas bajo la explotación directa de élites criollas porque el desarrollo capitalista europeo aun no se fundaba en la inversión de capital directo en las regiones periféricas, sino en sus propias naciones que se encontraban en pleno desarrollo industrial y de expansión de sus mercados internos. Sacando algunas excepciones, la forma de penetración fue por medio de empréstitos, controlando el comercio, la logística de transporte, los seguros, la venta de maquinaria para la minería o el sector agropecuario, como la venta de productos manufacturados que terminaban por fortalecer los lazos de dependencia de nuestro Continente. Y cuando este modelo fue confrontado con una construcción alternativa y de carácter autocentrado, como el Paraguay de Solano López, se aplastó sin escatimar violencia.
A fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, principalmente el imperialismo ingles comenzó a invertir capital en forma directa en los servicios públicos y en la explotación de las principales materias primas. De esta manera, los países latinoamericanos se convierten en semicolonias al tener controlado por el capital extranjero sus principales recursos económicos. En Argentina, Gran Bretaña se apoderaba de los frigoríficos y el comercio agropecuario. El salitre chileno y el estaño boliviano corrieron la misma suerte. Por su parte, centroamericanos y caribeños sufrieron su subordinación política y económica de manos de los norteamericanos, que en más de una ocasión recurrieron a la ocupación militar de los territorios para garantizar sus intereses.
Por eso, luego de tantas décadas de intervención económica-militar europea y norteamericana en América Latina, es increíble aun encontrar connacionales que siguen pensando que para desarrollarse hay que seguir las recetas del dominador. Pues bien, si va a ser así, que se invada Londres y se bloquee Washington, ¿no?
Concretamente, para la Argentina, la construcción del orden conservador hacia 1880 fue acompañado por la implantación del modelo agroexportador. En términos efectivos, el mismo recién se pone en cuestionamiento durante los gobiernos de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955. Sintéticamente, Perón llevó adelante cuatro premisas sobre las cuales articuló todas sus políticas públicas. La primera de ellas fue la apropiación de parte de la renta diferencial agraria para volcarla al desarrollo industrial y al mejoramiento del nivel de vida del pueblo por medio del trabajo como vector de una nueva organización social. La segunda premisa fue una institucionalidad de nuevo tipo expresada en un Estado planificador, una Constitución garante de nuevos derechos y la ampliación democrática para la mitad femenina de la población a la cual se la excluía del voto. La tercera premisa fue la comprensión de que Argentina sola no podía liberarse, por lo cual se debía retomar la senda sanmartiniana y bolivariana de unidad continental. Y, por último, llevo una política exterior autónoma evitando el alineamiento automático con los imperialismos de turno y la negativa de incorporarse al FMI. De esta manera, el Estado Justicialista fue uno de los primeros gobiernos latinoamericanos en llevar adelante una política tendiente a romper con los niveles estructurales de dependencia nacional.
Los gobiernos posteriores al derrocamiento de Perón pueden ser resumidos en su accionar en el intento de volver a las condiciones de subordinación previas a 1946, al mismo tiempo que se enfrentaron con un movimiento nacional que pujaba por defender las conquistas sociales, restaurar la democracia popular y retomar la senda marcada por el justicialismo.
De todos esos gobiernos posteriores, el más paradojal fue el de Carlos Menem, que en nombre del peronismo llevó adelante una política de desguace del Estado, alineamiento de la política exterior a la Casa Blanca, de traición doctrinal al aliarse con la UCD y abrazarse con el Issac Rojas, de empobrecimiento de la población a niveles de miseria estructural y puesta en marcha de un modelo económico a medida del capital trasnacional. Con Menem, el Partido Justicialista, se convertía en una herramienta de recolonización.
La Argentina menemista, sin industria, con un mercado interno en retracción, con una clase trabajadora pauperizada, con sectores populares marginalizados, y con una estructura económica que garantizara la exportación de materias primas y fuga de capitales vía deuda externa, se parecía más a una factoría inglesa del siglo XVIII que a una nación moderna y soberana. Este modelo estalla por los aires en diciembre de 2001 y empieza a revertirse en algunos de sus aspectos con las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Con este telón de fondo, cabe preguntarse por el futuro de nuestro país.
La Argentina sangra por el Paraná que es el uno de los lugares por donde se materializa el saqueo de nuestros recursos naturales. Sus puertos están en manos de las transnacionales y los estados provinciales y el Nacional no ejercen poder control sobre los mismos.
El sector minero, de hidrocarburos y energético se piensa en función de las necesidades del mercado externo y no del desarrollo autóctono. Mientras tanto, se festeja pavamente el mero anuncio, porque es eso, tan solo un anuncio, de la inversión extranjera para hidrógeno verde que será destinado en su totalidad para la exportación y no para el desarrollo industrial nacional…. No nos sobra energía, faltan industrias.
Los precios de los alimentos ya son un emblema de la dependencia. Mientras la mitad de la población tiene grandes problemas para alimentarse por sus propios medios, la producción está concentrada y no se brega un ápice por dar una pelea contra los monopolios formadores de precio.
En paralelo a éstas y otras cuestiones el gobierno nacional se embarca en una iniciativa de Fomento al Desarrollo Agroindustria como forma de fortalecer el sector exportador y en donde cabe preguntarse por la redistribución del ingreso de divisas que se fomente y sobre si no es necesario volver a pensar que el Estado, al igual que en 1946, intervenga sobre la renta agraria extraordinaria para redirigirla a intereses realmente estratégicos de desarrollo.
Si no hay una serie de medidas realmente de corte nacionalistas que aboguen por ejercer un real control de lo que sale por nuestras fronteras terminando con la evasión, la fuga de capitales y el contrabando, toda medida de fomento agroindustrial suena a broma… tan a broma como etiquetar alimentos para una población que le cuesta comprarlos. Si los beneficios de las exportaciones son para las multinacionales y no para el conjunto del pueblo, que ardan los campos y los gorilopolios.
La Argentina tiene que dejar de ser una factoría de producción primaria de aquellos recursos que les faltan a las potencias mundiales y en vez de seguir manteniendo el chorro de la manguera hacia afuera, debe volcar los recursos a la industrialización del país y crecimiento del mercado interno para generar trabajo y ascenso social. Es decir, volver a la doctrina justicialista y evitar toda nueva tentación de menemismo tardío.
