El comunicado que informa de la audiencia especifica que «el Poder Ejecutivo pretendió cerrar este programa, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, mediante el Decreto 574/2009». 

Así, cerca de 200 familias han visto lesionado sus derechos de efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda, y se han tenido que ir del hotel que habitaban con un insignificante subsidio. 

Las 120 familias que se quedaron, hoy están ante la posibilidad histórica de recibir una solución habitacional definitiva a través de un monto específico (40.000.000 pesos) sancionado por la Legislatura local. 

Y explica: «La Sala I de la Cámara del CAyT ordenó se suspenda el cierre del programa al evaluar que el monto de los subsidios que el decreto ofrecía no eran acorde a una solución definitiva. 

«El Gobierno de la Ciudad está gastando 3.600 pesos por mes por una familia de cuatro miembros, permitiendo que las mismas vivan en condiciones deplorables, sin acceso a los servicios públicos en muchos casos, y con graves problemas de habitabilidad». 

En este contexto, indica el informe que «el Tribunal Superior de Justicia convocó a una audiencia para conocer la situación actual del programa y las condiciones habitacionales en la que viven estas  familias”.“ 

«Esperamos que en esta instancia surja el compromiso del GCBA y los canales de diálogo para encontrar una solución habitacional adecuada y definitiva a cada una de las familias», sostiene la organización.