La Dra. Martínez compartió el panel con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, el director general del RENATEA, Guillermo Martini, y el subgerente de Fiscalización del RENATEA, Diego Segovia, dando cierre a los dos días que duró el evento, en que se desarrollaron paneles con los siguientes ejes temáticos: “El trabajador agrario como sujeto de derechos”, “El trabajo agrario como escenario del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil”, “La trascendencia social del acceso a la justicia” y “Presencia del Estado en el ámbito rural. Las nuevas herramientas de fortalecimiento”.
La Defensora General se refirió a que “durante mucho tiempo se habló de trata y eso parecía estar limitado a casos de delitos sexuales. Costaba y cuesta entender que el 50% de los casos de trata tiene como víctimas a trabajadores rurales”. “¿Qué ocurre con este sector especialmente vulnerable en nuestro país?”, se preguntó la Defensora frente a un auditorio repleto; “Ocurre que pese a que nuestras leyes son progresistas y que hay instrumentos internacionales que defienden especialmente al trabajador rural, no hay elementos concretos que le permitan al trabajador rural contar con patrocinio jurídico gratuito que litigue su caso”.
Luego de hacer referencia a la visión bucólica que todavía se tiene de lo que significa la vida y el trabajo en el campo, y a la necesidad de destruir esos conceptos, la Dra. Martínez subrayó que “hay que lograr que el Poder Judicial se involucre dictando sentencias que hagan que –desde el ámbito laboral o del punto de vista del de la indemnización por daños y perjuicios- sean casos testigos contra los explotadores. Si no logramos esto, no vamos a cambiar la situación”.
Ligado a esto, la titular del Ministerio Público de la Defensa, resaltó que existe otro problema: “nos cuesta muchísimo que los trabajadores quieran litigar, accionar judicialmente, ser querellantes en el delito de trata, y es porque tienen miedo. Esta es una deuda del Estado. El Estado tiene que hacer sentir al trabajador víctima de trata que lo va a proteger, que va a sostener económicamente al trabajador y a su familia hasta que logre la reparación económica y que no va a integrar una lista negra por lo cual nunca va a poder volver a trabajar”.
“El Ministerio Público de la Defensa”, explicó la Dra. Martínez, “tiene la competencia laboral en la Ciudad de Bs As pero intervenimos en todo el país en casos de trata, porque es federal. Ahora estamos a punto de crear un programa específico que se dedique a patrocinar jurídicamente a víctimas de trata, tanto sexual como laboral. La idea es generar un centro de pensamiento que acompañe a los defensores que se vean enfrentados a estas problemáticas y que le garantice a todo trabajador rural y a toda víctima de explotación sexual, que quiera presentarse actuando como particular damnificada, querellar o accionar civilmente, que tenga nuestro patrocinio”.
La Defensora General recordó, para finalizar, que figura en la Ley Orgánica del Ministerio Público que se debe velar por los derechos humanos de todos los habitantes del país y además garantizar el acceso a la justicia. Esto, subrayó, “no puede quedarse en declamaciones. Si bien hay un gran compromiso del Estado Nacional, y ha avanzado muchísimo con la creación de este organismo (RENATEA), todavía falta. Y lo que falta es dotar de armas para obligar a los jueces para que no se puedan escapar y que tengan obligación de pronunciarse judicialmente y que lo que es en este momento letra de la ley –buena letra, pero muchas veces letra muerta- se convierta en una realidad que beneficie efectivamente los derechos de los trabajadores rurales”.
