Horas después de que la jueza Elena Liberatori avalara un amparo que rechaza el acuerdo entre el Gobierno porteño y la Lotería Nacional, desde la Procuración General de la Ciudad, su titular Julio Conte Grand confirmó que apelarán el fallo.

Según expresó, la administración de Mauricio Macri “no ha eximido” de los impuestos a las empresas del juego y que, por lo tanto, “el convenio no requiere una aprobación en segunda lectura en la Legislatura porteña”.

Para el funcionario, “hay una clara intromisión de la Justicia en las facultades del Poder Legislativo”.

Martín Ocampo, flamante fiscal General de la Ciudad también cuestionó el fallo de Liberatori diciendo: “Habría que determinar si no hay un avasallamiento judicial a las facultades del Poder Legislativo”.

Los críticos de este convenio sostienen, en cambio, que la Ciudad le condona a Cristóbal López una millonaria deuda por Ingresos Brutos generada en las actividades del juego que éste regentea, así como pagos futuros en concepto de ese impuesto.

Los artículos cuestionados refieren a la condonación de la deuda por Ingresos Brutos que tienen los casinos de López y al régimen de privilegio por el cual sus empresas de juego iban a tributar en el futuro un 3% de Ingresos Brutos, y no el 8% como indica la ley.

En el fallo con fecha 30 de abril, la jueza Elena Liberatori hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en carácter de letrado en causa propia, quien solicitó que se declare inconstitucional el convenio firmado entre Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de Apuestas porteño.

La sentencia en primera instancia obligó a la Ciudad a enviar el acuerdo a la Legislatura porteña para que allí sea refrendado en segunda lectura, además de realizar una audiencia pública.

En 2009 la ley tarifaria porteña estableció que las casas de juegos de azar debían tributar un 8% de sus ingresos en concepto de Ingresos Brutos. Varias medidas cautelares de primera instancia dieron la razón a los empresarios.