El gobierno de la Ciudad calificó de ridículas las órdenes judiciales que prohíben la construcción de las llamadas «aulas container» en dos escuelas porteñas. Una de ellas en la Escuela Lenguas Vivas de Palermo, por un recurso de amparo que podría derivar en decenas de reclamos similares. 

«Que la Justicia no deje dar clases a los chicos porque las construcciones son de durlock es ridículo», sostuvo el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y lamentó que la medida judicial afecte al Lengüitas, ya que es uno de los establecimientos educativos más demandados de la Ciudad.

«Lo que hizo Gallardo es que chicos que podrían haber ido al Lenguitas -que es la escuela que eligieron- no puedan ir». Y acusó al letrado de preferir que los chicos no vayan a clases. «Que no permita construir en durlock es un disparate. Siempre vamos a priorizar dar clases a la mayor cantidad de chicos», reiteró.

En el fallo, Gallardo rechazó «la utilización de containers o módulos metálicos para albergar alumnos, de cualquier nivel» en la escuela de Palermo, e intimó al Ejecutivo porteño para que en 48 horas presente los planos de obra que implementará en la escuela, el cronograma de su ejecución y los certificados de habilitación que garanticen las medidas de seguridad reglamentarias.

El escrito describe «tres containers o módulos metálicos, de medidas extremadamente reducidas (aproximadamente 2 por 4 m), con una puerta de acceso y una sola ventana pequeña». Y los cuestiona por tratarse de «sitios sumamente precarios, con los paneles que forman paredes unidos de manera irregular, y con instalaciones eléctricas deficientes, con cables a la vista que se encuentran directamente apoyados sobre las estructuras metálicas».

De no cumplir con las obras antes del inicio de clases, el 5 de marzo, el juez ordenó que el ministro de Educación Esteban Bullrich pague de su bolsillo una multa diaria equivalente a diez pesos por cada alumno afectado.

El otro caso resonante que paralizó la edificación de aulas se dio en el Instituto Bernasconi, luego que la jueza Elena Liberatori hiciera lugar a un recurso presentado por la legisladora porteña Virginia González Gass, ya que el edificio al tratarse de patrimonio histórico, cualquier modificación debe ser consultada por el gobierno de la Ciudad con la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, que depende de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, lo cual no sucedió.

La polémica en el Bernasconi lo explicó el propio Rodriguez Larreta: «Las aulas están perfectas, el lugar es impecable. El fallo de la jueza apela a preservar el patrimonio histórico. Preferimos hacer dos divisiones de durlock para hacer tres aulas, y permitir que los chicos puedan ir a la escuela. Si no, no pueden ir a la escuela que eligieron. Es insostenible que no podamos poner divisiones de durlock para poner más aulas».

Desde el gobierno porteño cuestionaron que se haya judicializado el conflicto por las vacantes. «En la Legislatura no tenemos mayoría (parlamentaria). Estos temas podrían tratarse ahí. Hay una tendencia a llevar todo a la Justicia para trabar todo, se complican las cosas y se hacen más largas», dijo el funcionario en declaraciones radiales.

La edificación rápida de módulos que brinden un espacio para dar clases fue la solución que encontró el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a la falta de vacantes y capacidad aulica en el sistema educativo. Sin embargo, la respuesta  de la Ciudad recibió un fuerte rechazo de padres, docentes y alumnos.

Rodríguez Larreta hizo una autocrítica por la polvareda que sacudieron los cambios en las inscripciones. «Deberíamos haber comunicado más y mejor este cambio. Cada vez se anota más gente en la escuela pública en la Ciudad que en la privada. Si se anota tanta gente por algo será, es un dato alentador», concluyó.