Con el dinero que, se usa para arreglar los destrozos que producen los propios vecinos, se podría  reparar escuelas, equipar hospitales, asfaltar calles o pagarles el sueldo a más policías. 

Un ejemplo de ello es el Obelisco. En el caso de la última manifestación de los hinchas de Boca, el 12 de diciembre pasado, terminó con destrozos que le costaron al Estado más de $ 1.800.000 en reparaciones, ya que hubo que arreglar los canteros de la 9 de Julio, borrar las pintadas en el Obelisco, arreglar semáforos destrozados y otras tareas.

La misma situación se da con el Monumento a Roca, el Cabildo y la Catedral que también suelen ser vandalizados. 

El problema con estos edificios, además, es que están protegidos por su valor histórico y patrimonial, con lo cual a veces no alcanza con pintar sino que hay que hacer trabajos de restauración bastante más caros.

La Legislatura porteña gasta cerca de medio millón de pesos cada año para deshacerse de las pintadas que le quedan cuando hay una protesta en sus alrededores.

El murallón que separa la avenida Lugones de la cancha de River es otro lugar conflictivo. Como mide más de tres kilómetros de largo, es un lugar elegido por quienes se dedican a las pintadas políticas. El Gobierno porteño la limpia cada dos meses, y en cada ocasión tiene que gastar más de $ 1.800.000 en pintura y arreglos.

También hubo que hacer fuertes inversiones para eliminar los graffitis de los subtes.

De manera reiterada se pintan las estatuas Olmedo y Portales, en Uruguay y Corrientes, y ya hubo que repararla al menos tres veces, porque hay personas que la rompen para llevarse una parte de recuerdo, aunque los materiales con las que fue construida tienen escaso valor. De hecho, el Gobierno porteño tuvo que llegar a un acuerdo con los propietarios del bar La Biela para que cada noche guarden la estatua de Oscar Gálvez, que fue colocada el año pasado en Alvear y Quintana.

En otros casos, el vandalismo se mezcla con el robo. Las instalaciones eléctricas de las fuentes, las lámparas de las calles y los contenedores de residuos suelen ser robados y revendidos.

, Rodrigo Silvosa, subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad afirma: “La gente tiene que entender que la ciudad es de todos. ¿Por qué hacés lo que no harías en tu casa? ¿Pintás las paredes de tu casa, hacés un asado en tu living? Hace poco un señor se puso a hacer un asado en el Monumento al Trabajo, frente a la Facultad de Ingeniería”.

Respecto a lo que dice la ley, el artículo N° 80 del Código Contravencional establece penas de quince días de trabajos de utilidad pública hasta multas de $ 200 a $ 3.000 para quien ensucie una propiedad pública o privada, y del doble si se afecta a monumentos, escuelas u otros edificios. 

El Código Penal marca tres meses a cuatro años de cárcel para quien dañe una propiedad pública. Pero casi no hay causas que terminen con castigados, y el 85% directamente se archiva, porque no se pudo identificar al agresor o porque no hay pruebas suficientes para condenarlo, según informaron en el Ministerio de Espacio Público.