Un hombre fue condenado a seis meses de prisión en suspenso, con asistencia a un programa de recuperación, por amenazas de muerte contra su pareja en el hogar, informó hoy el Poder Judicial porteño.

La decisión fue tomada por la jueza de la Ciudad de Buenos Aires Natalia Molina, quien también le fijó al condenado, la restricción de aproximarse a la víctima y su grupo familiar.

Además el hombre deberá cumplir reglas de conducta durante los próximos dos años, como fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, y asistir al «Programa de hombres violentos» que se dicta en el Centro Integral de la Mujer «Arminda Aberastury».

Molina -titular del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8- consideró determinante el testimonio de la mujer en la prueba del hecho.

En los fundamentos de la sentencia, que no fue apelada, la magistrada menciona estándares establecidos por las normativas nacionales e internacionales en materia de protección de las víctimas de violencia contra la mujer.

Las normativas incluyen la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la ley 24.632 -conocida como «Convención de Belem do Pará”- y las leyes locales 1.265, 1.688 y 2.784, entre otras.

Sobre la valoración de la prueba, Molina consideró que el contexto íntimo y privado no autoriza «a reputar como falso lo expuesto por la víctima ni tampoco a dudar de su ocurrencia».

La magistrada consideró que ha de ponderarse positivamente la iniciativa de la víctima de denunciar a su pareja, ya que “rompe un umbral invisible», de relación vincular con su agresor, y altera «su vida privada, pues a través de un proceso penal, pasa a ser pública”.

Durante el desarrollo del juicio, la denunciante recibió acompañamiento de psicólogos pertenecientes al Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

La declaración testimonial de la víctima, única testigo presencial del hecho, fue en opinión de la jueza contundente, coherente y guarda verosimilitud con los informes de las expertas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las expertas mencionadas concluyeron que la denunciante se encontraba en alto riesgo y que poseía un perfil característico de una víctima de violencia de género, por lo que la magistrada consideró acreditada la imputación y el contexto de violencia doméstica.

El Centro Integral de la Mujer «Arminda Aberastury» -en Hipólito Yrigoyen 3202, de esta ciudad, y cuyo teléfono es 4956-1768- atiende asuntos relacionados con abuso sexual, asesoramiento jurídico, asistencia psicológica, patrocinio jurídico, violencia familiar, infancia y violación.