En este marco, desde Dypra, Fadiccra y la Red Gráfica Cooperativa, reclama a los organismos competentes la toma de urgentes medidas a fin de garantizarel pleno abastecimiento de dicho insumo y consecuentemente la fundamental Libertad de Prensa y el derecho de los ciudadanos a ser informados.Esta situación, agregada a los incrementos en el insumo que la empresa productora hizo en los últimos tres meses, los que suman un 25%, golpea a toda la prensa nacional, comenzando por los eslabones más pequeños del sector.Desde nuestra perspectiva, la situación es una de las que justifican el proyecto de Ley que se está debatiendo en foros de todo el país y en audiencias públicas convocadas por la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, de declarar de interés público la producción y comercialización del papel para periódicos.En este caso, los accionistas privados de Papel Prensa S.A. -los diarios Clarín, La Nación, La Voz del Interior y Los Andes de Mendoza- contaron con información privilegiada sobre la situación, lo que les otorgó la capacidad de tomar las medidas para morigerar los efectos del paro en la producción y entrega del insumo. Más aún, en manifestaciones públicas, los trabajadores de la planta papelera indican que los propietarios se cubrieron con un alto stock ante elinminente conflicto salarial. El resto de los editores, sin una información de primera mano sobre el conflicto, nos encontramos inmersos en una situación sin la capacidad de articular planes de contingencia.Una de las alternativas es recurrir a la importación. La que, en el mejor de los casos representa pagar un 50 % más caro el papel si éste lo adquiriéramos por ejemplo en Chile, además de las demoras de entrega en más de 30 días que representa este tipo de operatorias.Aun en el caso de resolución del conflicto, la producción de papel habrá caído y habrá faltante que impactará fundamentalmente en quienes no contamos con reservas, es decir las pymes y cooperativas periodísticas. Sería oportuno, necesario y urgente que el Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo, concentre una compra importante de papel en el exterior para todos los diarios afectados,mejorando sensiblemente las condiciones de precio y entrega, y de esa forma garantice el pleno ejercicio de la Libertad de Prensa en el país y el derecho constitucional de los argentinos a ser informados.