La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó cartas ante las denuncias de contaminación y riesgo ecológico presentadas por la cuestionada explotación minera a cielo abierto de Pascua Lama, en el sector cordillerano argentino-chileno.

 Responde a causas iniciadas por “Ricardo Marcelo Vargas y otros sobre Daño”, y “Julio Raffo sobre Amparo” para detener el daño que hacen en Pascua Lama la Barrick y sus socios locales.

El Tribunal, en dos expedientes, requirió a la provincia de San Juan para que le proporcione copias del informe del impacto ambiental de ese emprendimiento encarado por la empresa Barrick Exploraciones Argentinas y Exploraciones Mineras Argentinas, dándole un plazo de 20 días. Asimismo, requirió al gobierno nacional que informe si se han realizado estudios de impacto ambiental en la oportunidad de suscribir con Chile, en 2004, el protocolo adicional al Tratado de 1997 de complementación minera, que dio origen al proyecto de Pascua Lama. Así lo dio a conocer la Corte Suprema a Julio Raffo, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, al comunicarle esta providencia que responde también a la causa iniciada por Ricardo Marcelo Vargas y otros sobre Daño, entablada contra la provincia de San Juan por vecinos de la zona que se sienten afectados por la actividad de megaminería.

Raffo había presentado oportunamente un recurso de amparo con la misma preocupación sobre el daño actual y futuro del megaemprendimiento minero. Asimismo la Corte dispuso este pronunciamiento al asumir –dijo- el ejercicio de control encomendado a la justicia sobre las actividades de otros poderes del Estado, de manera de garantizar la observancia de la Constitución Nacional. Específicamente, el Tribunal se fundamenta en la Ley General del Ambiente, que otorga a la justicia la potestad de “disponer las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger el interés general”. Traslado de glaciares

Pascua Lama, uno de los mayores emprendimientos mineros a cielo abierto en el mundo, ha sido denunciado desde el mismo momento en que el presidente Néstor Kirchner firmó el protocolo adicional al Tratado de Integración con Chile, y por los pasos seguidos por su sucesora, Cristina Fernández, quien en el 2008 vetó la ley de protección de los glaciares que significaba el fin de este tipo de actividades. Los legisladores aprobaron en 2010 una segunda ley, que la presidenta reglamentó pero, con más de un año de demora, recién han comenzado a definirse las áreas prioritarias en las cuales debería iniciarse de inmediato el Inventario Nacional de Glaciares y su protección. Esto alcanzaría a Pascua Lama, en la que el proyecto prevé el traslado de glaciares de un lugar a otro de la Cordillera, con consecuencias ambientales difíciles de anticipar. Barrick ha interpuesto un amparo contra la aplicación de esta ley en San Juan.