“Todavía estamos esperando las palabras de las máximas autoridades de la provincia ante la denuncia gravísima de la actuación sospechosa e impune de la policía”, manifestó Scotto al referirse a una investigación periodística emitida por el programa ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC y que motivó la actuación del fiscal federal Enrique Senestrari.

Un «colaborador» policial «arrepentido» dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes.

El presunto accionar delictivo involucra al director de Drogas de la Policía, comisario mayor técnico superior Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine, responsable de dos Brigadas de Lucha contra la Droga; el oficial inspector, Franco Argüello; y dos conocidos narcotraficantes identificados como Daniel Córdoba y el Tuerto Cacho.

De acuerdo a datos conocidos esta mañana, los efectivos policiales solicitaron licencia en sus funciones para ponerse a disposición de la justicia.

“Tenemos una policía no solo que no está a la altura de las circunstancias, sino que con su accionar corrupto e impune pone en situación de total indefensión a la ciudadanía”, manifestó Scotto ante los medios locales.

En ese contexto, Scotto consideró que “la justicia debería actuar con celeridad ante los indicios evidentes de los personajes involucrados y el modus operandi”, que deja en claro sobre “los territorios ocupados por el narcotráfico con una gran protección policial”.

“El Gobierno de la provincia está jaqueado por el accionar de sus funcionarios y otros hechos que llevan directamente al poder”, dijo Scotto y añadió que “en Córdoba se está viviendo un clima de preocupación por hechos graves que van más allá de una cuestión electoral”.

Anoche los bloques legislativos opositores al delasotismo (el caso de radicalismo, Frente Cívico, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Encuentro Vecinal y del PRO) pidieron una “urgente” reunión en “audiencia oficial” al gobernador De la Sota para “tratar personalmente estas denuncias de suma gravedad institucional”.