La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso la creación, en el ámbito de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, de un área que investigará casos de corrupción en las fuerzas de seguridad. 

Al respecto, Gils Carbó señaló que existe una «interrelación entre el abuso y la violencia institucional y la configuración del entramado de corrupción». 

Se trata de nueva área que tiene la finalidad de investigar «la obtención de beneficios patrimoniales y enriquecimiento ilícito de agentes en distinto nivel jerárquico». 

La decisión de Gils Carbó fue formalizada a través de la resolución 1778, que refiere «la interrelación entre el abuso y la violencia institucional y la configuración del entramado de corrupción». 

El área será coordinada por un integrante de la Procuraduría y su titular, el fiscal Abel Córdoba, será el encargado de definir «las estrategias de intervención, coordinación y evaluación de la actuación fiscal en la materia». 

Esta nueva área de «Corrupción en las fuerzas de seguridad» se sumará a las ya existentes de «Violencia en instituciones de encierro» y «Violencia policial», que funcionan en el ámbito de la Procuvin. 

En la resolución, Gils Carbó tuvo en cuenta la firma, en marzo pasado, de un Convenio marco de cooperación mutua entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Nación con el fin «de generar y fortalecer procesos de asistencia en investigaciones judiciales seguidas por corrupción policial». 

En ese sentido, la procuradora general tuvo en consideración que es «imprescindible orientar la actividad requirente a las diversas manifestaciones de la ilicitud cometida desde las fuerzas de seguridad, considerando las características de la organización institucional, en particular, la verticalidad y las representaciones de los factores de poder dentro de ésta».