Ciudad

Crítican las nuevas leyes impulsadas desde el PRO

Los legisladores oficialistas pudieron aprobar dos proyectos claves: un nuevo endeudamiento público en dólares y la iniciativa de instalar “Bares en las Plazas”. Además para muchos, este jueves la “Juntada Tinista” del Pro siguió de fiesta en la Legislatura porteña.

“Así, el macrismo (con sorpresivos aliados) brindó por Violetta en los espacios públicos y continuó con su extraña idea de que las privatizaciones mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”. 

Algunos vecinos indignados comentaron que “la alianza Pro Unen demuestra la inviabilidad de UNEN y la incoherencia del partido Proyecto Sur como ya lo viene demostrando  desde el año pasado con algunos de sus máximos dirigentes pactando con el PRO y la centroderecha, lo que motivó el apartamiento de la gran mayoría de sus militantes. En este período Javier Gentilini es la continuidad. Proyecto Sur lejos de ser una alternativa demostró ser mas de lo mismo, cuando vota junto con el PRO.

Según la Diputada Virginia González Gass, “Bares en las Plazas, presenta, al menos, tres fallas que lo tornan inadmisible: niega la participación de las comunas, desconoce el carácter de público y gratuito de los espacios verdes y utiliza términos difusos que no existen en el Código de Planeamiento Urbano.

Por otra parte, la normativa entrega permisos de “uso precario” por un plazo inferior a los cinco años para eludir el pleno control de la concesión por parte de la Legislatura, conforme lo indica el inciso 5 del artículo 82 de la Constitución de la Ciudad.

“Bares en las Plazas significa una privatización de los espacios verdes en beneficio de intereses privados, justificada en el argumento de resolver la provisión de sanitarios, cuando dicho servicio debe garantizarlo el Estado, tal como se hace en diversos parques de la Ciudad como ocurre en los bosques de Palermo (parque Tres de Febrero)”, explicó la diputada socialista  González Gass.

“Asimismo, el proyecto viola abiertamente la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que, en su artículo 27 Inc. 4 establece como política de planeamiento y gestión del ambiente urbano: “La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica y la preservación de su diversidad biológica.”

“Como viene advirtiendo en infinidad de presentaciones el legislador Adrián Camps (MC), la Ciudad tiene un marcado déficit en materia de espacios verdes; cuenta con sólo 1,8 metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud solicita entre 10 y 15. Comparando con otras Ciudades del mundo; Nueva York tiene 23; Madrid, 14 y París 11,50, agregó la diputada.

“Como acostumbra el macrismo, también se violan las competencias de las comunas. La Constitución dice que el mantenimiento de los espacios verdes es competencia exclusiva de las comunas (Art. 128 Inc. 2); sin embargo, la iniciativa del PRO deja en las empresas concesionarias de los bares parte de su cuidado”.

Y agrega, “Pero lo más grave es la claramente confusa terminología para violar el Código de Planeamiento Urbano”.

“El proyecto intenta modificar en forma encubierta el Código de Planeamiento Urbano al otorgar concesiones en «Espacios Verdes de Uso Público» una zonificación inexistente en el Código, que habilitaría usos comerciales no permitidos, no sólo en los parques, sino en las áreas de protección histórica y de reserva ecológica. Si este tema no se aclara puede interpretarse que el proyecto intenta ubicar 50 bares en la Reserva de Costanera Sur (Uno cada 5 hectáreas para un predio de trescientas), lo que resultaría a todas luces inadmisible para dicha área protegida”, explicó la legisladora.

“Esto ya ocurrió a fines de la Edad Media, cuando la alta nobleza se adueñó de los espacios comunales. Nuestra Argentina colonial también tuvo, con efecto retardado, lo que conocimos como «oligarquía terrateniente». No debemos insistir en repetir los errores de la historia aunque sea con la, aparentemente inocua, instalación de bares en la plazas. Ahora sabemos que la política de cercamiento estaba destinada a proteger negocios ilegítimos en los espacios públicos“, concluyó  González Gass.