Sociedad

Denuncian al Gobierno por apología del delito e incumplimiento de deberes

La denuncia apunta al Presidente Javier Milei, la Vicepresidenta Victoria Villarruel y el extitular de la SIDE, Juan Bautista Yofré, por la justificación o reivindicación del Golpe de Estado en 1976.

El abogado de derechos humanos y escritor Javier Garin realizó en el día de la fecha una denuncia penal contra el Presidente Javier Milei, la Vicepresidenta Victoria Villarruel y el ex titular de la SIDE bajo el menemismo Juan Bautista Yofré. La misma busca que se investigue la posible comisión de apología del delito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por cuanto entiende podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una JUSTIFICACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO DEL 24 DE MARZO DE 1976, UNA DIRECTA O INDIRECTA REIVINDICACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO Y UNA APOLOGÍA DE LOS CRIMINALES CONDENADOS POR ESOS DELITOS.

Con base en los arts. 213 , 248 y conc. del Código Penal, art 1 de la ley 25633, y los arts. 29, 36 y 75 inciso 22 de la Constitución y citas de Juan Bautista Alberdi y de jurisprudencia penal, Garin sostuvo que es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, el cual está erigido en Argentina sobre la base del respeto a los derechos humanos y la condena del Terrorismo de Estado, a modo de un pacto democrático consagrado en la Constitución reformada en 1994.

Planteó que en países como Alemania e Italia rige asimismo un pacto ciudadano por el cual se penaliza la reivindicación del nazismo y el fascismo , y que si bien Argentina no existen normas penales contra el negacionismo, está tipificada la apología del delito y el incumplimiento de deberes, figuras en las que estima podrían hallarse incursos el Presidente y la vice al plantear en forma continua y sistemática un “hilo discursivo” que comprende diversas estrategias tendientes a legitimar la represión ilegal y cuestionar la validez y justicia de las sentencias recaídas contra los represores que cometieron delitos de lesa humanidad.

Ejemplificó ese hilo discursivo con hechos como la minimización del número de desaparecidos, la invocación de un estado de “guerra”como justificante (defensa que invocaron los represores y que los tribunales argentinos invariablemente rechazaron), la alegación de que hubo “excesos” y no un plan sistemático de exterminio (defensa también rechazada ya por los jueces que intervinieron en el Juicio a las Juntas), el señalamiento de la violencia guerrillera previa como un argumento exculpatorio de los condenados por lesa humanidad, la emisión del video protagonizado por Yofre (quien a juicio de Garin realizaría desde hace años la apología de la represión ilegal), y las reiteradas expresiones complementarias de Villarruel,  que incluyen desde llamar a hijos recuperados “familiares de terroristas” hasta proponer eliminar el Museo de la Esma, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO .

Según el denunciante, no se trata de hechos que deban ser considerados aisladamente sino que en su conjunto son denotativos de la perseverante voluntad política de impugnar y desvalorizar los resultados de los juicios de lesa humanidad, la mayoría de ellos con sentencia firme desde hace años.

Este panorama (según el denunciante) permite visualizar una intencionalidad tendiente a una reivindicación directa o indirecta del Terrorismo de Estado que asoló la Argentina. Garin rechazó asimismo que la lucha por los derechos humanos y la condena del genocidio sean el fruto de un “relato sesgado” del kirchnerismo, como sostiene el Gobierno, y demostró con abundantes citas del prólogo de Ernesto Sabato al Nunca Más y párrafos de la sentencia de la Causa 13/1984, que no se trata de una invención del kirchnerismo sino de hechos acreditados ante la Justicia basados en una amplia investigación llevada a cabo por la CONADEP bajo el gobierno de Alfonsín, señalando que ni Sabato ni la CONADEP ni los jueces intervinientes en el Juicio a la Juntas pueden ser tachados de inclinaciones ideológicas filocomunistas o filoperonistas, como pretende el Gobierno.

Sostuvo que la lucha por Memoria, Verdad y Justicia es una construcción colectiva que abarca décadas desde los tiempos mismos de la dictadura, y que el discurso negacionista de Milei y Villarruel constituyen un serio peligro para la tranquilidad pública y el orden democrático al promover el resurgimiento de doctrinas exaltadoras o justificadoras del Terrorismo de Estado.

La denuncia quedó radicada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n°1 y bajo el nro CFP 1091/2024.