Inspectores de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron hoy que el gobierno porteño intenta desmantelar, con un proyecto de ley, la Subsecretaría de Trabajo local y transferir esa responsabilidad a la Agencia de Gubernamental de Control (AGC).

«Este es un nuevo intento del jefe de gobierno, Mauricio Macri, que busca por medio de un proyecto de ley priorizar los intereses empresariales en desmedro de la seguridad de los trabajadores y vecinos de la ciudad», denunció Edgardo Castro, inspector y delegado de ATE, al lanzar en la Legislatura porteña una campaña en defensa del área laboral.

La campaña en rechazo al proyecto de ley fue acompañada por los diputados María José Lubertino y Alejandro Bodart, y cuenta con la adhesión de otros legisladores. 

Castro informó que «el 1 de octubre pasado Macri elevó un proyecto de ley que transfiere las atribuciones que tiene la Subsecretaría de Trabajo local a la AGC».

«La fiscalización y control del cumplimiento de las normas relativas al trabajo, con el poder de la policía de trabajo son algunas de las atribuciones que por ley pretenden otorgarle a la AGC, a cargo de Gómez Centurión», explicó el inspector. 

Además, dispone la transferencia de «los recursos humanos, patrimonio y presupuesto, y todo otro recurso necesario que a la fecha se encuentren afectados al cumplimiento de las competencias de fiscalización y control».

«Después del fracasado intento de lograr esta transferencia de poder a la AGC, Macri vuelve con una nueva maniobra -ahora por ley-, pero lo vamos a impedir porque es inconstitucional y viola convenios de la OIT», advirtió Castro. 

Según informó el referente de ATE, «Juan José Gómez Centurión, director ejecutivo de la AGC, y Ezequiel Sabor, titular de la Subsecretaría de Trabajo porteña, mediante una resolución -dejada sin efecto por la justicia-, intentaron llegar al mismo objetivo».

«La resolución de ambos funcionarios consentía el traspaso del cuerpo de inspectores y funciones indelegables de la Subsecretaría a la AGC el 29 de julio pasado, pero la justicia lo dejó sin efecto con una medida cautelar, gracias a la denuncia que presentó el diputado Bodart», precisó Castro.

«Con este proyecto de ley, Macri muestra que estos funcionarios estaban actuando en forma ilegal», sostuvo el delegado, quien advirtió que «la maniobra es funcional para proteger los negocios inmobiliarios ilegales, la explotación y falta de seguridad social de trabajadores en talleres y locales de la ciudad».

La campaña, que se lanzó hoy, contó con la presencia y adhesión de algunos diputados de la oposición al macrismo, y continúa con la firma de un manifiesto que buscará el apoyo de los demás legisladores porteños.