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Denuncian un vaciamiento en Vale

Durante el fin de semana ya fueron retiradas cien máquinas viales del campamento ubicado en Pata Mora. Asimismo, en las últimas horas el gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, desestimó que el Estado Nacional se haga cargo del emprendimiento minero.

La minera brasileña Vale inició el fin de semana el desmantelamiento de sus oficinas en Mendoza, así como también de maquinaria que se encontraba en el yacimiento Potasio- Río Colorado, tras el anuncio de no hacerse cargo del proyecto.

 

Según medios mendocinos, el fin de semana fueron retiradas unas cien máquinas viales del campamento de Vale en la localidad de Pata Mora.

 

La unión transitoria de empresas integrada por las empresas mendocinas Ceosa, Laugero, Tolcom y Oha, desarmaron el sector ocho donde estaba instalada una trituradora y maquinas para la obtención de áridos. También se inició el desmantelamiento de las cuatro plantas de hormigón.

 

Por otro lado el director de Vale en Argentina, Sergio Leite, abandonó el país acompañado de otro funcionario de la minera, debido a motivos de seguridad y por recomendación de la sede central.

 

Según informa el diario brasileño Valor Económico, Leite fue reemplazado desde el viernes por abogados de la minera contratados en Buenos Aires, para abordar el tema de los despidos de empleados en Río Colorado tras la suspensión del proyecto minero.

 

En tanto la situación de los trabajadores sigue siendo una incógnita. Las cerca de 250 contratistas y subcontratistas del proyecto fueron notificadas el viernes por la noche de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, pero el futuro de los miles de obreros afectados es un problema sin resolver.

 

Además, hasta el 11 de abril no puede haber despidos y se deben pagar los salarios; pero nadie asegura qué ocurrirá cumplido este plazo. Para sumar más incertidumbre en las últimas horas el gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, desestimó que el Estado Nacional se haga cargo del emprendimiento minero.

 

Se calcula que el proyecto de Río Colorado, suspendido el 11 de marzo por desacuerdos entre el Gobierno y los inversionistas, emplea a seis mil personas de manera directa y a otras cuatro mil de manera indirecta.