El gobierno bonaerense aumentó hoy de 1 a 1,5 millones de pesos la recompensa para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Jorge Julio López, el testigo del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz que permanece desaparecido desde hace cuatro años, informó una fuente gubernamental.
López, uno de los testigos claves en el juicio que condenó a Echecolatz a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando debía presentarse en la audiencia de alegatos.
Sobre la causa
Jorge Julio López es un albañil militante de base de una unidad básica peronista barrial, y desde el 1985 afiliado al Partido Socialista de La Plata que fue desaparecido desde octubre de 1976 hasta junio de 1979 durante la Dictadura militar y por segunda vez el 18 de septiembre de 2006.
López había sido detenido ilegalmente y llevado a distintos centros clandestinos de tortura mientras Miguel Etchecolatz era Director de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires y encargado de uno de los centros de detención clandestinos durante y mano derecha del ex General Ramón Camps.
Luego de treinta años del último golpe de estado, y habiéndose derogado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Miguel Etchecolatz fue el primer acusado por genocidio. Jorge López era querellante en la causa y un testigo clave, ya que con sus declaraciones involucraban a por lo menos 62 militares y policías. Debido a su testimonio, Miguel Etchecolatz se halla detenido en una cárcel común, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco de un genocidio.
Luego de la condena de Etchecolatz, Jorge López fue desaparecido sin dejar rastros, cuando salió a comprar en la ciudad de La Plata.
Durante casi cuatro años desde su desaparición el gobierno nacional ni el gobierno provincial han obtenido ningún éxito en sus pesquisas.
Por su parte, los Organismos de Derechos Humanos han planteado desde un comienzo que la desaparición de Jorge Julio López involucra a miembros de fuerzas de seguridad retirados y en actividad. Denunciando además la inacción de la Justicia y los diversos órdenes del gobierno para esclarecer el hecho. Además, esta desaparición sembró críticas sobre el régimen de protección de testigos.
Inmediatamente tras su nueva desaparición, el gobierno bonaerense elevó una recompensa pública de 200 mil pesos para quien brindara información sobre su paradero. Luego esa cifra fue elevada al doble y en diciembre de 2007 llegó al millón de pesos.
