Por disposición de la Ley Nº 1529/04 y de la Ley Nº 2970/08, 17 empresas pasaron, tras aciagos procesos, a ser operadas por sus trabajadores ante la huida de las patronales, que primero las quebraron, algunas de forma fraudulenta, y luego no se hicieron cargo de las consecuencias de sus acciones.Ambas ordenaron al Gobierno porteño expropiar las empresas y luego transferir las habilitaciones a las nuevas cooperativas de trabajo, para que éstas puedan seguir adelante con sus proyectos laborales.Sin embargo lo normado, es incumplido por el Ejecutivo de la Ciudad Hugo Fucek, presidente de la Cooperativa de Trabajo Vinilplast, señala que «El ingeniero Jefe de Gobierno debe cumplir con la Ley de Expropiaciones, debe pagar y nos debe transferir las habilitaciones. Con estas medidas, va a favorecer a cerca de 700 puestos de trabajo y entonces nos va a dar la oportunidad de adecuarnos a la normativa vigente, porque sin ellas no podemos acceder a las fuentes de financiamiento para comprar, por ejemplo, equipamiento que cuesta en el mercado cerca de 300 mil o 500 mil dólares, según el caso”.Frente a esta situación, las empresas recuperadas están dispuestas a bregar por el derecho que les otorgan leyes incumplidas.
Empresas recuperadas reclaman al gobierno porteño el pago de deudas
Estas 17 empresas, casi todas ellas quebradas por la irresponsabilidad patronal tras la crisis del 2001, hoy ocupan a 700 trabajadores, pero el incumplimiento por parte del Gobierno de Macri de estas dos leyes, las pone en riesgo.