Consultado sobre el mecanismo que utilizará el organismo para determinar cuáles serán las señales que se someterán a concurso público, Sabbatella explicó que en los próximos días se publicitará “lo que la Afsca considera que cada uno de los grupos tiene que desprenderse para estar dentro de la ley”. “Si no lo hacen el 7, el 8 están fuera de la ley”, sintentizó.
Los grupos de medios que deseen evitar un concurso forzoso de algunas de sus señales deberán presentarse ante la Afsca antes del 7 de diciembre y desarrollar un proyecto para adecuarse a los términos del artículo 161 de la ley 26.522.
“La mayoría (de los grupos) no presentó todavía su plan de adecuación. La adecuación prevé que, por única vez, excepcionalmente, se pueden vender las licencias que exceden el límite que impone la ley. El grupo que no lo haga, el 8 está fuera de la ley ya no tiene más tiempo para adecuarse. La Afsca tiene que hacer cumplir la ley, de oficio, garantizando el servicio y las fuentes de trabajo”, indicó.
Sabbatella jura y perjura que la ley no busca perseguir a ningún grupo mediático y se aplicará de igual modo tanto a aquellos medios que están enfrentados con el Ejecutivo como a los que se muestran afines al modo de gobernar de la presidente Cristina Kirchner.
“La ley es para todos y todas, no puede haber excepción ni privilegio para nadie, y ése es el mandato de la Presidenta. Acá lo que hay que hacer es aplicar la ley, es raro que estemos debatiendo si se cumple o no. ¿Por qué no se va a cumplir?”, ahondó.
El rol de la Corte Suprema
Consultado sobre la posibilidad de que la Corte Suprema se expida antes del 7 de diciembre sobre el fondo de la cuestión planteada ante la Justicia, es decir, la constitucionalidad de la norma votada en el Congreso de la Nación, el funcionario contestó: “Ojalá, sería buenísimo”. “Nosotros estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de la ley”, continuó.
Para Sabbatella no hay lugar a dudas sobre la interpretación que debe hacerse de la resolución que limitó la medida cautelar que se dictó a favor del Grupo Clarín. De acuerdo a su visión y a la de todo el Poder Ejecutivo, “los plazos están todos vencidos porque la ley tiene tres años de promulgada y el plazo que establecía la ley para la adecuación era un año”. “Como se vencieron todos los plazos, la Corte estableció el 7 de diciembre como fecha límite. Lo que hay que entender es que ya pasaron tres años y parte de la ley se fue obstruyendo”, finalizó.
Fuente: Infobae
