La Legislatura dio un primer visto bueno a un reclamo histórico con el  dictamen en mayoría, emitido por la Comisión de Educación, sobre un proyecto que garantiza la estabilidad laboral a 3 mil educadores que trabajan en los programas de inclusión escolar a partir de su incorporación al estatuto docente.

La solución del problema que se viene postergando desde hace dos décadas, se origina a raíz de a creación de servicios y programas complementarios, tan diversos como ajedrez, cursos de alfabetización, centros de primera infancia y teatro escolar, fuera  a la currícula formal.

Los maestros que trabajan en ellos lo hacen en calidad de contratados por el Gobierno de la Ciudad, debido a que estas múltiples áreas no fueron incluidas en el Estatuto Docente.

El proyecto que firmó el Ejecutivo plantea, a grandes rasgos, saldar esa deuda mediante la creación de un “Área de Programas Socioeducativos”, diferenciada de las previamente existentes. Esto permite a los docentes dejar de ser contratados para pasar a la condición de interinos, quedando garantizada su estabilidad laboral.

Sin embargo, la falencia subsiste en tanto no se establece el pase a la titularidad y queda pendiente la conformación de una junta y un sistema de concursos para la nueva área.

Para los que apoyaron la iniciativa, las cuestiones de la titularidad y los concursos son secundarias con respecto a la posibilidad de otorgar estabilidad a los trabajadores de estos programas, poniendo fin a un problema de tan larga data.

 Francisco “Tito” Nenna, legislador del Encuentro Popular para la Victoria, incluso estimó en un “95 por ciento” el porcentaje de trabajadores que dieron su apoyo a la ley, aún aceptando dejar para el futuro nuevas conquistas. “La próxima pelea será por el concurso y la titularización pero ahora hay que ponerse en la piel de los trabajadores” estimó.