El destituido intendente de Bariloche, Omar Goye, y los dirigentes Wálter Cortés, de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), el secretario Gremial de Uthgra, Ovidio Zúñiga, y el interventor de la Uocra de Neuquén, Víctor Cárcar, fueron condenados a prisión por la defraudación de un policlínico gremial “Arbos” en 1999.
Además, fueron inhabilitados para ejercer cargos gremiales -en el caso de Cortés, Zúñiga y Cárcar-, y la profesión de contador -Goye-. También deberán pagar multas de 45 mil pesos cada uno, más costas.
Los cuatro condenados no cumplirán de manera efectiva los cuatro años de prisión hasta que el fallo correspondiente no quede firme. Los abogados defensores tienen la posibilidad de plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de que consideren que la pena no fue correcta, según explicaron a la Agencia de Noticias Bariloche (ANB).
El Tribunal Oral Federal de General Roca aplicó esas sanciones por entender que los integrantes de la comisión directiva del policlínico, tramitaron en 1999 dos subsidios ante el Ministerio de Salud de la Nación para mejoramiento institucional y fueron destinados para otros fines. Incluso, transfirieron los fondos a dos sociedades fantasmas abiertas y conformadas por los propios procesados.
Tanto Zúñiga, como Cortés y Carcar formaban parte de la conducción del policlínico Arbos al momento de tramitar esos subsidios por 185.000 pesos/dólares y por 1.750.000 pesos/dólares que fueron destinados al pago de servicios a dos empresas constituidas días antes que tenían en sus directorios a Cortés y Carcar (Fox Valley) y a Madrazo y Goye (Surtsey) que cobraron esos montos.
El papel del ex Intendente, en su rol de contador externo, fue el de completar todos los requisitos contables para que los subsidios sean otorgados, además del contacto con el estudio en Buenos Aires que armó las sociedades. Asumió además el cargo de vicepresidente en la empresa que facturó 1.750.000 pesos a Arbos, por servicios que nunca prestó.
Del mismo modo, en el juicio quedó en claro que los fondos fueron cobrados en efectivo, y que parte de esos montos se depositaron en cuentas de Madrazo.
En su defensa los sindicalistas sostuvieron que el dinero fue utilizado para pagar deudas con acreedores y que “intentaron salvar de la quiebra” la institución.
En su fallo leído este lunes, el Tribunal instruyó además el inicio de una causa para investigar la participación de funcionarios de la Administración de Programas Especiales (APE) del ministerio de Salud de la Nación en la defraudación al Estado.
“No se hizo justicia”
El único condenado que escuchó la sentencia en la sala de audiencias fue Ovidio Zúñiga, quien consultado por ANB si se había hecho Justicia, respondió rotundamente que “no”, ya que, argumentó, el responsable del manejo de los fondos -por Gonzalo Madrazo-, no estuvo presente.
Apenas terminada la lectura de la sentencia, Zúñiga dejó fue abordado por los periodistas pero se negó a hablar y solo se limitó a anticipar que “el miércoles daré una conferencia de prensa en Bariloche, en el lugar donde sí me creen”.
