La Corte Suprema de Estados Unidos analizó ayer si acepta o rechaza tratar la apelación presentada por Argentina en el caso que enfrenta a los fondos buitre por el default del 2001, en el denominado «juicio del siglo». 

Otro escenario posible es que el máximo tribunal pida al gobierno de Barack Obama su opinión sobre esta cuestión, para terminar de pronunciarse sobre el tema. 

La conferencia de los nueve jueces que integran la Corte se realizará a puertas cerradas en horas de la mañana, presumiblemente a partir de las 10 (11 de la Argentina), según indicaron a la agencia estatal Télam fuentes relacionadas con el tribunal. 

Quienes resolverán el destino de la Argentina en su pelea contra los fondos buitre son los jueces Sonia Sotomayor (demócrata), John Roberts (republicano), Ruth Bader Ginsburg (demócrata), Samuel Alito (republicano), Clarence Thomas (republicano), Antonin Scalia (republicano), Anthony Kennedy (republicano), Stephen Breyer (demócrata) y Elena Kagan (demócrata). 

Una de las incógnitas que recién se develará hoy es si participarán los nueve jueces y si la decisión se conocerá durante la jornada, debido a que los pronunciamientos suelen ser informados los días lunes, a las 9.30 de la mañana, agregaron las mismas fuentes. 

Pero, dada la relevancia del caso, y tratándose de un soberano de por medio, no se descarta oficialmente que hoy la Corte dé a conocer algún resultado de sus deliberaciones, o deje filtrar de algún modo algunas pistas para las partes involucradas. 

Hay tres escenarios posibles: la Corte acepta o rechaza el petitorio argentino, o bien puede estirar la decisión y solicitar opinión el Gobierno de Estados Unidos. 

En los últimos días fue creciendo la expectativa de esta última hipótesis, y a ella apuestan los legisladores argentinos de varios frentes del arco político que viajaron hasta Washington, y que mantuvieron durante los tres últimos días reuniones de trabajo con funcionarios de la administración demócrata, parlamentarios, directivos de organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. 

La importancia que existe en el mercado respecto al pronunciamiento de la Corte queda demostrada por los informes dados a conocer durante las últimas horas por bancos de inversión como Barclays y Credit Suisse, sobre los posibles escenarios que pueden surgir de la causa. 

El máximo tribunal dilucidará sobre el significado del tratamiento igualitario (pari passu, en la jerga) a los acreedores que no ingresaron a los canjes implementados en 2005 y 2010. 

Esa cláusula está en los contratos de todos los bonos de emisión de deuda soberana emitidos durante los años 90 y que es el argumento tomado por el juez Thomas Griesa al convalidar el reclamo formulado por los fondos buitre que piden el pago total de los títulos que tienen en su poder.

A partir de 2001, los títulos pasaron a contar con cláusulas de acción colectiva que permiten amortiguar los reclamos presentados ante la justicia por los fondos buitre. 

Argentina considera que es injusto el planteo de Griesa de pagarle el 100 por ciento a los fondos buitre que litigaron y ganaron en las dos instancias inferiores, ya que boicotea la reestructuración de deuda que fue acordada con una mayoría del 93 por ciento de los acreedores. 

Esto es lo que determinó Griesa en primera instancia, quien además interceptó la ruta del dinero a través del Bank of New York, y emitió una orden que imposibilita a la entidad financiera y los bancos colocadores pagarles a sus clientes (los bonistas del canje), si antes no se le abona a los fondos buitre. 

Griesa recurrió a la insólita medida de involucrar terceros, debido a que no existen activos comerciales del Estado argentino en Estados Unidos que sean susceptibles de ser embargados para que los litigantes puedan cobrar, según la ley de inmunidad soberana. 

La misma fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, si bien su instrumentación fue dejada en suspenso hasta que la Corte Suprema defina el caso. 

Esta decisión generó una gran preocupación en el ámbito financiero mundial, debido a las implicancias del caso para futuras reestructuraciones soberanas de deuda. 

Por eso Argentina recibió apoyo de los gobiernos de Brasil, México y Francia, a las que se sumaron otras entidades y ONG como la organización católica Jubileo, a través de Amicus en la Corte, y pronunciamientos del FMI, y de premios Nobel como Joseph Stiglitz, economistas reconocidos como Nuriel Roubini, o la ex número dos del FMI, Anne Krueger.